El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) organiza una sesión de trabajo para debatir sobre la ley de ‘Medidas urgentes en materia de vivienda’ este miércoles 29 de mayo a las 9:00 horas en la sede colegial.
La organización de esta jornada surge de la propuesta planteada por el COA durante la reunión mantenida el mes pasado entre el Consejo de Arquitectos de Canarias, del que forma parte esta institución colegial, y la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.
La jornada
La jornada contará con la presencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, el director general del Instituto del Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, Antonio Ortega Rodríguez, y el coordinador y director del equipo redactor del Decreto Ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, Francisco Villar Rojas.
El debate estará organizado bajo la tutela del grupo de trabajo específico creado por el COA para el análisis de este decreto. Durante el mismo se analizarán temas como el uso del suelo dotacional para viviendas protegidas de promoción pública; el uso de equipamientos para viviendas protegidas; la ejecución directa con destino a vivienda protegida de sistemas generales dotacionales adscritos a sectores de suelo urbanizable; la compatibilidad del usos residencial y del turístico en suelos sin desarrollar; el cambio de uso de parcelas a residencial; la rehabilitación del parque de viviendas que actualmente están sin terminar; la recuperación del suelo urbanizable residencial, que por incompatibilidad con la actual Ley del Suelo, se había reclasificado como rústico; el papel de los ayuntamientos en la ejecución del decreto o las posibles incompatibilidades que pueden surgir con otras normativas, como las relacionadas con la evaluación ambiental estratégica.
Un debate necesario
Para el COA se trata de un debate “necesario” ante las dudas generalizadas sobre la aplicación legal de su contenido tanto para el gremio como para el ciudadano de a pie. Además, esta sesión de trabajo pretende ser un modelo de gestión y cooperación con la Consejería de Obras Públicas con la finalidad de establecer líneas futuras de entendimiento donde sea tenido en cuenta el criterio profesional.
Así lo ha manifestado la decana del COA, Mari Nieves Febles, que ha destacado “el esfuerzo” realizado por el grupo de trabajo ante un tema tan importante y complejo de entender. “Lo que pretendemos es desgranar aquellos aspectos que generan más dudas e incertidumbres, somos conscientes de que tanto el sector como la sociedad en general está muy preocupada con lo que está pasando con la vivienda y estamos convencidos de que el COA es el foro adecuado para tratar esta materia y arrojar luz sobre ella”, ha señalado la decana.
Problema multifactorial
El problema de la vivienda en las Islas es de carácter complejo y multifactorial siendo necesaria la aplicación de políticas a largo plazo a partir de la articulación de leyes, que atiendan a las necesidades reales de la población en cuanto a vivienda asequible, ya sea en régimen de alquiler, para las personas con rentas medias, o viviendas sociales para los sectores de la población más vulnerables.
Un problema que se ha visto agravado con la aparición del modelo liberalizado de explotación turística de la vivienda vacacional, cuyo crecimiento entre junio de 2023 y abril de 2024 ha sido del 38,5%. Este incremento, especialmente en zonas turísticas, está ocasionando tensiones sociales y económicas, además de distorsionar la planificación específica que corresponde a estas zonas.
Regulación y acceso a la vivienda
En lo que concierne a la vivienda vacacional es necesario el planeamiento urbanístico del uso turístico en las edificaciones con uso residencial, allí donde las circunstancias urbanísticas lo permitan. Estableciendo un modelo de conciliación que priorice el acceso a la vivienda como establece la Constitución.
El objetivo del Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de la vivienda en Canarias, es la regulación de su implantación a través del planeamiento urbanístico, considerando a la vivienda vacacional como una actividad económica diferenciada. Al contrario del Decreto Ley 1/2024 de “Medidas urgentes en materia de vivienda “, que entró en vigor el pasado mes de marzo, el Anteproyecto de Ley promueve la ordenación urbanística como eje vertebrador de la adecuada compatibilidad entre el uso residencial y el turístico de la vivienda.
Políticas coordinadas
Por lo tanto, desde el COA se considera “indiscutible” la necesidad de políticas coordinadas entre las distintas consejerías de la administración autonómica. “Es necesario que se propicie esta coordinación entre las diferentes consejerías porque el problema de vivienda es multifactorial y solo si se aborda desde esa perspectiva se podrá establecer una planificación a largo plazo que aporte soluciones tangibles porque de no ser así se estarán poniendo parches puntuales”, ha puntualizado la decana.