El Consejo de Gobierno aprueba dar otros 176.000 euros a las Cámaras para tramitar ayudas COVID

De los 7.000 millones de euros que se destinaron a la Líenea COVID en toda España, 1.144 millones correspondieron a Canarias, que optimizó su gestión gracias a las Cámaras

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El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (c), durante la reunión del Consejo de Gobierno./ EFE
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (c), durante la reunión del Consejo de Gobierno./ EFE

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordad que la Consejería regional de Economía amplíe en 176.000 euros el crédito destinado en los últimos meses a abonar la colaboración de las Cámaras de Comercio para la tramitación de la Línea covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas, financiada por el Gobierno de España.

De los 7.000 millones de euros que se destinaron a esta partida en toda España, 1.144 millones correspondieron a Canarias que, junto con Baleares, fue la única comunidad autónoma capaz de gestionar las ayudas en su totalidad y que no tuvo que devolver un solo euro, al lograr gestionar todo el expediente dentro del año 2021, destaca el Gobierno canario en un comunicado.

Además, ese éxito de gestión, sobre el que han preguntado otras comunidades autónomas y entidades privadas del resto del Estado, tuvo su base en la tramitación a través de las Cámaras de Comercio que, con su agilidad, fueron muy importantes para lograr adjudicar un volumen tan relevante de fondos, con más de 20.000 solicitudes aprobadas.

Seguir contando con el apoyo de las Cámaras

Ahora, la Consejería responsable de su tramitación considera necesario seguir contando con el apoyo de unas entidades que fueron determinantes para adjudicar las ayudas, cuando ha llegado el momento de que las empresas beneficiarias justifiquen la aplicación de los fondos recibidos, por lo que el Consejo de Gobierno ha acordado que existen suficientes razones de coyuntura económica para que el departamento pueda tramitar la ampliación de crédito en los citados 176.000 euros, para dotar la partida destinada a las Cámaras y que puedan seguir colaborando en esta nueva fase del procedimiento administrativo.

El Consejo de Gobierno de Canarias también ha aprobado el nuevo Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, que establece, entre otros aspectos, la asunción de la competencia de tutela financiera de las entidades locales.

Una competencia que recoge el Estatuto de Autonomía y sobre la que los ejecutivos central y autonómico alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre el traspaso de las funciones.

Distribuir las funciones departamentales

La aprobación del Reglamento Orgánico permitirá, en ese sentido, establecer una distribución formal coherente, tanto a nivel interno como externo, de las funciones departamentales, asegura el Gobierno regional.

Al mismo tiempo, ofrece un marco organizativo claro y estable para la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, garantizándose el principio de seguridad jurídica dentro del marco competencial del Gobierno de Canarias.

Readscripción de la informática departamental

El nuevo Reglamento Orgánico también realiza una readscripción interna de la informática departamental en la Intervención General de la Comunidad Autónoma, incluido el desarrollo de los sistemas de gestión económico-financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria y de sus Entidades de derecho Público.

Otro de los aspectos novedosos de la norma consiste en añadir a la actual Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos -que garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las cuentas autonómicas- las funciones de impulso y fomento de la no discriminación en las políticas públicas por razón de identidad y expresión de género o características sexuales.

El Reglamento también incorpora formalmente a la Dirección General de Asuntos Europeos dentro de la estructura del Departamento y modifica determinadas funciones de las oficinas presupuestarias.

Asimismo, se atribuyen a la Dirección General de Patrimonio y Contratación las funciones de impulso y fomento de la contratación pública sostenible y socialmente responsable, de acuerdo todo ello con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

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