La primera pica del año está a punto de llevarse a cabo. Más de 630.000 kilos de plátanos destinados a la basura han vuelto a colocar al sector platanero canario frente a su principal contradicción: mientras una parte de la producción acaba destruida por falta de salida comercial, los consumidores continúan encontrando el producto en los lineales a precios que superan, en muchos casos, los dos euros por kilo.
Para Juan Carlos Rodríguez, agricultor y portavoz de la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico para el Plátano, la pica no es una solución, sino la consecuencia visible de un sistema que lleva años sin abordar el problema de fondo y que gira en torno a la falta de regulación de la producción y la ausencia de una estrategia común para ordenar el mercado.
"Descontrol notable"
“Existe un descontrol notable. No hay un equilibrio entre la producción que se demanda y la competencia”, sostiene Rodríguez en declaraciones a Atlántico Hoy.
A su juicio, el conflicto no procede únicamente de la entrada de productos del exterior, sino también de la pugna interna entre las propias organizaciones de productores. “Como yo vendo lo mío, me da igual lo que le pase al otro”, resume.
“No se puede producir sin tener dónde vender”
El agricultor y pequeño productor platanero considera que el sector se encuentra atrapado en un círculo vicioso, explicando que se produce más de lo que el mercado puede absorber, se retira una parte de la fruta y, posteriormente, se presenta esa retirada como un mecanismo para regular los precios.
“Nos dicen que la pica sirve para regular el mercado, pero el mercado está destrozado”, afirma. En su opinión, la destrucción de plátanos no garantiza que el productor reciba una remuneración justa ni evita que el consumidor pague un precio elevado.
Más planificación
Rodríguez cuestiona, además, que se plantee la pica como una salida inevitable. “¿Por qué no se regula la producción? ¿Por qué no se manda menos fruta cuando ya sabemos que el mercado no la va a absorber?”, plantea.
Entre las alternativas, apunta a la planificación de los envíos, la búsqueda de nuevos mercados y la utilización de fórmulas de conservación o transformación que permitan evitar que el producto termine en la basura. “No es que no existan herramientas. Lo que ocurre es que la única herramienta que se está utilizando es tirar el plátano”, denuncia.
La donación no absorbe la fruta retirada
Uno de los argumentos que suelen acompañar a la pica es que parte de la producción retirada se destina a organizaciones no gubernamentales y entidades sociales. Rodríguez, sin embargo, asegura que el volumen que llega a estos colectivos “es muy reducido y no supera ni al 3% de lo que se tira”
A modo de ejemplo, comenta el agricultor que, durante la pandemia, participó personalmente en el reparto de plátanos a organizaciones sociales. Lo hizo, según explica, con un camión prestado y desplazándose a distintos puntos para intentar dar salida a la fruta, pero la experiencia le mostró las dificultades logísticas que existen para distribuir un producto perecedero a gran escala. “La falta de personal para descargar, de espacios de almacenamiento y de una red organizada de distribución convertía cada entrega en una carrera contra el tiempo”.
Un precio que no llega al agricultor
La pica tampoco se traduce, según Rodríguez, en una mejora directa para quienes trabajan la tierra. El portavoz asegura que el agricultor continúa afrontando precios bajos, gastos crecientes y liquidaciones que, en muchos casos, no cubren los costes de producción.
“¡Pica y los precios siguen por los suelos!”, afirma. La retirada de fruta, insiste, no está resolviendo la situación económica de las explotaciones.
“El agricultor no decide la pica”
El portavoz distingue entre los agricultores y las estructuras empresariales que gestionan buena parte del negocio platanero. “El agricultor no tiene nada que ver con todo esto”, afirma, al considerar que muchos productores carecen de capacidad real para decidir qué se produce, cuánto se comercializa y qué cantidad termina en la pica.
Rodríguez asegura que el agricultor se encuentra sometido a una estructura de costes y decisiones que no controla. Mientras tanto, debe seguir pagando jornales, agua, abonos, tratamientos, transporte y otros gastos imprescindibles para mantener la explotación.
“Yo no tiraría un plátano si pudiera”, señala. La frase resume el malestar de un sector que, pese a trabajar con un producto de gran aceptación social, contempla cómo parte de su cosecha desaparece sin que eso se traduzca en una mayor estabilidad para las familias productoras.
Una contradicción que vuelve a repetirse
El debate sobre la pica regresa así a un escenario conocido. Por un lado, el plátano canario se defiende como un producto estratégico para las islas, generador de empleo y vinculado a la economía rural. Por otro, miles de kilos se destruyen mientras los agricultores afrontan dificultades económicas y los consumidores pagan precios elevados.
Para Juan Carlos Rodríguez, no basta con lamentar la situación cuando se anuncian nuevas retiradas. “No tenemos derecho a hacer lo mismo una y otra vez”, sostiene. La solución, defiende, pasa por ordenar la producción, reforzar la capacidad de negociación del agricultor y buscar alternativas que permitan aprovechar la fruta.
Porque, dice, la pica puede retirar kilos del mercado, pero no elimina el problema. Tampoco responde a la pregunta que vuelve a hacerse el consumidor cada vez que conoce una nueva destrucción de plátanos: cómo es posible que una fruta que se tira siga siendo inaccesible para tantas familias.
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