El ansiado convenio de dependencia entre el Gobierno de Canarias y los siete cabildos no estará listo en el primer semestre de este año como prometió en varias ocasiones la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico, Candelaria Delgado. El último que se firmó está caducado desde diciembre de 2024 mientras las listas de espera y la incertidumbre marcan el paso de un problema que arrastra el Archipiélago desde hace tiempo.
Uno de los principales hándicaps que ha tenido el proceso son las diferencias entre las distintas instituciones insulares y el área dirigida por Delgado. Fuentes de la Consejería explican a Atlántico Hoy que esta semana se están llevando a cabo las últimas reuniones técnicas para comenzar después con el proceso de tramitación. “No tenemos nada nuevo”, subrayan. En definitiva, se han retrasado los planes iniciales.
Seguimiento
La consejera informó el pasado 21 de febrero durante una comisión parlamentaria que por aquel entonces estaban cerrando las negociaciones con los cabildos “sobre los términos del nuevo convenio de cooperación en materia de atención a la dependencia”. Además, detalló que a finales de enero desarrollaron un seguimiento con cada una de las corporaciones insulares donde se abordaron cuestiones como el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Desde Bienestar Social lanzan un mensaje de tranquilidad y aseguran que no se han enfrentado a inconvenientes, sino a “negociaciones y puesta en común de necesidades”. “Todo lleva su proceso, para poder consensuar hace falta mucho diálogo, preferimos dilatar, puesto que los convenios son retroactivos, a que salgan unos no consensuados”, añaden en el área encabezada por Delgado.
Revisión de precios
La conclusión es que, de momento, el Ejecutivo regional no maneja una fecha concreta para culminar el acuerdo con los cabildos. Según informó La Provincia el pasado 2 de mayo, un escollo con el que se habían encontrado era el mecanismo de revisión anual de precios con la finalidad de ajustar la financiación al verdadero coste del servicio. En ese momento, el área de Delgado volvía a poner el mes de junio como fecha límite para sacarlo adelante.
Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN), cuenta a este periódico que comparte la idea de buscar consenso, pero considera que el Gobierno tendría que haber sido más previsor con las gestiones que fueran necesarias. Señala que en las Islas existen distintas territorialidades porque Fuerteventura, por ejemplo, no vive la misma realidad que El Hierro.
Las cuantías
Pone sobre la mesa que si la gestión del convenio se bloquea o se paraliza, los cabildo empezarán a tener problemas con las licitaciones porque no saben si deben prolongarlas al no saber cuál es la cantidad de presupuesto con la que cuentan. “No están claras las cuantías desde los convenios de cooperación con los cabildos”, lamenta.
Entonces, tampoco pues les permite organizar presupuestariamente un adelanto, ¿de cuánto estamos hablando?”, prosigue. Merece la pena resaltar que la dependencia es una competencia exclusiva de la Ley de Servicios Sociales y de la Ley Sectorial de Dependencia que pertenece al Gobierno de Canarias. Luego, el Ejecutivo la transfiere a los cabildos con fondos presupuestarios.
Por islas
“Ahora mismo en Fuerteventura, El Hierro, y La Palma, los servicios están muy por debajo del coste que se precisa para cubrir esos servicios, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, una isla como el Hierro debe traer a los profesionales de fuera y hospedarlos en la para que presten el servicio de lunes a viernes”, sostiene Colao.
La presidenta de ODESOCAN, sobre el retraso a la hora de aprobar el nuevo convenio de Dependencia, exclama que “no es posible que el Gobierno de Canarias siempre tenga una buena justificación para llegar tarde”. “Estoy segura de que el problema no se encuentra en la Dirección General de Dependencia, sino en que la Consejería pacte y negocie las cuantías necesarias”, asevera.
Finales de 2025
Bienestar Social indicó en una nota de prensa difundida en febrero de este año que el nuevo convenio también incluirá una cláusula que obligará a las entidades del tercer sector que prestan servicios conveniados a obtener la acreditación correspondiente. Para ello, se concederá un plazo hasta finales de 2025 para que regularicen su situación.
En cuanto a las listas de espera, detalló que se establecerán criterios comunes en los siete cabildos para regular el acceso a las listas de reserva, un procedimiento que hasta ahora dependía de cada administración insular. Todo con el objetivo de homogeneizar el acceso en todas las islas del Archipiélago.