La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó el pasado miércoles una reforma clave del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. El cambio, respaldado por PSOE, PP y el Grupo Mixto —con la abstención de Vox y el voto en contra de Sumar—, permitirá que las empresas puedan materializar su Reserva para Inversiones (RIC) en la construcción y adquisición de viviendas destinadas al alquiler residencial.
Se trata de una medida inédita que ha sido celebrada por el Gobierno autonómico y que busca responder a una emergencia habitacional cada vez más acuciante en el Archipiélago. Aunque la modificación aún debe pasar por el Senado para su ratificación definitiva, el debate ya ha surgido.
"No va a restar"
Atlántico Hoy se ha puesto en contacto con dos expertos del ámbito económico en las islas que coinciden en su valoración general: la medida es positiva y llega en buen momento, pero su aplicación estará marcada por complicaciones si no se aclaran pronto los detalles técnicos y jurídicos.
Guillermo Marrero de la Nuez, vicedecano del Colegio de Economistas de Las Palmas, considera que la modificación “suma y en ningún caso va a restar”. Así como que permite ampliar las posibilidades de inversión de una herramienta fiscal, tradicionalmente restringida a ámbitos muy concretos.
“Lo único que echamos en falta tal vez sería aclarar un poco más esas posibilidades de inversión, porque dejarlo un poco en el limbo traería consigo nuevamente inseguridad jurídica, interpretaciones contradictorias entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y los contribuyentes”, prosigue.
Los plazos
“Y al final”, apunta, “lo que queremos hacer de forma positiva es solucionar el acceso a la vivienda". Teme que, a lo mejor, se convierta "en un galimatías y en una nueva fuente de inseguridad jurídica”.
Marrero de la Nuez considera que faltan por definir cuestiones clave como los plazos, el tiempo mínimo que debe mantenerse en alquiler la vivienda o cómo se regularán los precios máximos de los inmuebles. Es probable que en las próximas semanas se conozca un mayor número de detalles.
Viviendas vacías
Además, recuerda que en las Islas hay más de 211.000 viviendas vacías y otras 80.000 de uso esporádico. Por lo que propone que, además de modificar la herramienta fiscal, también se regulen esas casas y se garanticen desalojos en caso de ocupación.
Reconoce el valor del paso dado y espera que el futuro desarrollo reglamentario resuelva las incógnitas: “Es una oportunidad, pero necesita concreción. Si se hace bien, puede liberar una enorme cantidad de recursos privados para un fin que nos concierne a todos”.
Inversiones empresariales
Por su parte, Juan José Hernández, gerente del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, destaca que esta reforma sitúa a la RIC como una herramienta fiscal al servicio de la sociedad, algo que ya ocurrió en su día cuando se permitió usarla para generar empleo.
Señala que la RIC siempre ha servido para financiar inversiones empresariales. Pero ante momentos de crisis, como ocurrió con el desempleo en 2012 o ahora con la escasez de vivienda, se ha visto que puede tener un papel social.
Ayuntamientos
En definitiva, el fondo está claro, pero quedan por resolver las formas. Cree que también es fundamental la colaboración de los ayuntamientos, aunque necesitarán las herramientas adecuadas.
Para Hernández, uno de los puntos más delicados es definir qué se entiende por vivienda asequible. “¿Cuál es el precio límite? ¿Quién lo decide? No es lo mismo Santa Cruz que Güímar. Ni es lo mismo construir en una zona tensionada que en un suelo turístico”, subraya. Su conclusión es que el concepto debe estar muy bien delimitado.
El economista también advierte de la importancia de plantear una idea atractiva a los promotores privados. “Un empresario construye para ganar dinero. La empresa tiene como objetivo la maximización del beneficio, ya hemos visto licitaciones públicas que quedan desiertas por ese motivo”, señala.
"El control debe existir"
Propone que se cree un registro específico de viviendas construidas bajo esta fórmula, donde se documente y controle que el destino de la inversión cumple con los requisitos. “El control debe existir. No se puede usar la RIC para construir y luego dedicar esas viviendas al alquiler vacacional, por ejemplo. Que ojo, la Agencia Tributaria siempre va a estar ahí vigilando”, reflexiona el economista.
La reforma del artículo 27 del REF representa una apuesta ambiciosa por movilizar capital privado hacia un objetivo social prioritario en Canarias: ampliar el parque de vivienda en alquiler a precios razonables.
Como advierten los economistas, el éxito de esta medida dependerá de su desarrollo reglamentario, de la capacidad de las administraciones locales para colaborar en la identificación de zonas tensionadas y del compromiso real del sector privado.