La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) sigue a la espera de la toma de decisión de la Unión Europea con respecto a la implantación de la nueva normativa que contribuirá a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de la energía utilizada por los barcos. Beatriz Calzada, presidenta de la entidad, ha expresado que “Europa está un poco reticente”.
La presidenta de APLP asistió a un órgano convocado por Puertos del Estado en Madrid el pasado lunes y trataron el tema. La institución nacional está trabajando con Europa para analizar cómo afecta esa directiva a los puertos españoles y, en concreto, al de Canarias.
Deslocalización de la actividad
Desde la entidad portuaria no comprenden “cómo Europa se arriesga a que se produzca una deslocalización de la actividad portuaria de Europa hacia África”. La petición de APLP se basa en dejar exento al Archipiélago de la normativa por su característica como región ultraperiférica.
Calzada se mostró esperanzada con la posibilidad de un cambio con respecto a la directiva europea, dado que “según van pasando las semanas, se van uniendo cada vez más otros estados de Europa que están viendo que hay un riesgo importante”, además de las propias autoridades portuarias.
Amenaza para la economía y conectividad
Tanto el presidente de Puertos del Estado como la APLP coinciden en el planteamiento de buscar otras alternativas. Y esperan que con la incorporación de más instituciones que “ven la amenaza que supone esta directiva para nuestra economía y conectividad” conduzca a que “Europa escuche y haga lo que tiene que hacer”, ha puntualizado Calzada.
Entre los aspectos en los que puede influenciar la normativa EU ETS (European Union Emissions Trading System), la presidente de APLP resalta la pérdida de conectividad, debido a que muchos operadores recalarán en puertos africanos y otros emergentes, en lugar del Puerto de La Luz. Además del posible aumento de precios de los productos, que tardarían más en llegar a las Islas.
Pago de tasas
Esta normativa establece que, dentro del sector portuario, las navieras deberán pagar los derechos de emisión al 100% en los desplazamientos entre puertos de la Unión Europea, así como el 50% si se trata de viajes con llegada y salida de la UE. Los buques que no realicen los pagos pertinentes de derechos de emisión durante dos años, no podrán entrar a ningún puerto europeo, al igual que ninguno de los operarios de su naviera.
Calzada afirmó, antes de entrar a la Comisión de Puertos organizada por la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que siguen a la espera, pero que “tienen distintas alternativas sobre la mesa”.