Carmen Esther Falcón es profesora de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). A lo largo de su trayectoria ha elaborado artículos académicos como ‘La gestión del suelo público y la crisis de la vivienda en España’, un estudio donde analiza diferentes factores con el objetivo de arrojar algo de luz sobre uno de los problemas más relevantes que padece el país.
La investigadora ofrece una entrevista a Atlántico Hoy en la que analiza la crisis habitacional que, al igual que el resto de Canarias, el Archipiélago sufre desde hace tiempo. Además, ofrece su punto de vista acerca de diferentes medidas que el Gobierno autonómico ha puesto en marcha desde que tomó posesión en verano de 2023 para dar aire a quienes viven una situación de vulnerabilidad.
[Pregunta] Usted ha puesto el foco en varias ocasiones sobre la gestión del suelo público, un asunto sobre el que Canarias legisló en 2024 con el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda. ¿El Archipiélago va por buen camino?
[Respuesta] Las medidas que está tomando actualmente el gobierno canario van en la senda de que efectivamente se tiene que erradicar el problema que existe de la emergencia habitacional. ¿Qué ocurre? Lo normal es que cuando se urbanizan terrenos, se realiza mediante una ejecución privada. Imaginemos el barrio de Siete Palmas cuando se realiza una urbanización además de los terrenos para la construcción de los edificios, una parte de terreno se tiene que destinar a la administración pública como sistemas dotacionales (calzadas, hospitales) y otra para construir viviendas de protección oficial.
Sin olvidar que cada tipo de terreno es distinto.
Pensemos, por ejemplo, en que se dan terrenos para calzadas. Son terrenos que necesita la urbanización para que podamos acceder, pero también se dan terrenos de uso lucrativo. Quiere decir que toda la sociedad tiene que participar en el beneficio que se está teniendo dentro de esos terrenos. Una parte de ese terreno que se va a ofrecer se denomina patrimonio público de suelo.
¿Cuál es el objetivo?
Se dan a la administración pública para que, con carácter prioritario, lo destinen a vivienda de protección pública. Está dentro de los ayuntamientos porque ha sido fruto de esas urbanizaciones durante el pasado. Ha habido una gestión quizás no eficaz a lo largo del tiempo. Para que un terreno esté dentro de esos patrimonios públicos de suelo tiene que estar perfectamente separado e identificado en la contabilidad de los entes locales.
Entiendo que lo importante es retenerlo.
Tenemos que intentar que no se vaya a otra fuente diferente. La vía que se está haciendo ahora me parece estupenda. Lo que pasa es que nosotros tenemos un desfase enorme. Para mí ha habido un problema con esa gestión de patrimonio público de suelo en el que todos somos beneficiarios como sociedad para dar cabida a gente que es vulnerable.
¿Cómo de importante es evitar segregaciones?
A título de ejemplo, en Siete Palmas puedes encontrar viviendas de protección oficial mezcladas con casas adquiridas en el mercado público, que es lo ideal. Hay que mezclar a la sociedad. No se pueden crear guetos. Los sitios tienen que integrarse y la ciudad debe tener un entorno donde se permita la cohesión social.
¿Cree que es importante ir más allá?
Una de las soluciones que está planteando el Gobierno de Canarias, que me parece bien, es utilizar sistemas dotacionales (como parques urbanos). Me parece buena idea utilizar este tipo de terrenos para construir viviendas de protección oficial pero no debemos olvidar que también debemos luchar contra el cambio climático en las ciudades, equilibrar la infraestructura gris (edificios) con la infraestructura verde.
Se podría concluir que la dinámica no es mala, pero es necesario hacer más esfuerzos.
El camino que están siguiendo es el adecuado, pero venimos de tal desfase que se debe hacer mucho más para poder llegar a lo que necesita la sociedad. El problema muchas veces es de gestión. La administración son, al igual que otros entes muy grandes, elefantes caminando. Las buenas voluntades hay que aterrizarlas con gestión que sea ágil y no excesivamente burocrática.
Hablemos de cifras. En Gran Canaria se han entregado 42 casas tras casi una década sin hacerlo en la provincia de Las Palmas y en Tenerife se han iniciado obras para construir vivienda pública después de seis años. ¿Cómo lo analiza?
Como te estaba diciendo antes, son escasas. En Canarias íbamos muy por detrás en cuanto a vivienda pública con respecto al resto del territorio nacional. La línea es buena, pero es escasa. Es como cuando alguien, salvando las distancias, se está desangrando y tú le pones una tirita. Es verdad que estás intentando ayudarle, pero el problema es una emergencia.
En definitiva, dar más rapidez.
Las líneas que están tomando son correctas, pero quizás habría que intentar invertir y agilizar muchísimo más. Evidentemente no es una tarea fácil, el suelo no es fabricar mesas. Es un recurso escaso, vivimos en Canarias con muchos suelos protegidos. No es sencillo poner todo esto en marcha.
Sin ir más lejos, hace unas semanas Canarias aprobó un nuevo decreto con el que busca agilizar las licencias urbanísticas dándole más protagonismo, por ejemplo, a los colegios profesionales.
Es lo que te estaba comentando antes. Muchas veces desde que se empieza a legislar hasta que se hace realidad pasa tiempo y es justo lo que nos falta. No tenemos tiempo porque la gente no tiene capacidad para hacer frente a una vivienda.
Le sucede incluso a familias con dos salarios. Otras de las medidas impulsadas es la vivienda asequible incentivada y su objetivo es permitir que la clase media-baja pueda acceder a una casa digna.
A mí me parece muy interesante la medida. Una de las cuestiones que recoge también el Gobierno de Canarias es que si dichas viviendas hubiesen tenido un carácter de permanencia, no habríamos tenido este problema porque existiría un parque de viviendas públicas.
¿A qué se refiere?
Antiguamente, llegado un momento determinado, la vivienda protegida se volvía libre, tú la podías vender y entraba en el mercado. Sin embargo, en otros países no. Esa vivienda ha sido construida sobre un suelo público que entre todos hemos pagado. Con lo cual lo normal es que ese suelo sea de forma permanente y lo que está construido sobre él debe ser público de forma permanente público para que generación tras generación se puedan seguir utilizando.
Detecto que la dinámica que se ha seguido en las últimas décadas no le parece bien.
Es un despropósito, se hizo negocio con la vivienda pública. Arrastramos muchos problemas. Entonces, me parece muy bien porque hay gente que no siendo vulnerable no tiene capacidad para poder hacer frente a una casa. No son solo los salarios, sino también las cargas familiares que tienen.
Lo curioso es que se trata de un instrumento que está recogido por la Ley de Vivienda Estatal, pero ninguna comunidad había dado el paso hasta el momento de impulsarlo. ¿Canarias puede convertirse en un ejemplo a seguir para el resto de regiones que también padecen la crisis habitacional?
Eso depende de cada comunidad autónoma. El País Vasco tiene mucha construcción de vivienda protegida porque ellos toda la vida han funcionado con cooperativa. Es un régimen institucional donde se trabaja para el cooperativista, es una forma fuerte de hacer vivienda.
En definitiva, crear sinergias.
Yo le diría al Gobierno de Canarias: ¿por qué no cogemos esto como ejemplo? Luego, ¿la idea de la vivienda asequible incentivada puede ser extrapolable? Quizás, pero a lo mejor nosotros podemos copiar también de otros sitios. Todo el mundo está intentando acoplarse en su territorio a lo que tiene y probablemente y puede que en otros sitios hayan optado por soluciones distintas.
El Archipiélago ha intentado atraer en varias ocasiones la inversión de empresas. ¿La colaboración público-privada es parte de la solución?
No se puede ir de espaldas al sector privado, es el motor para progresar.
¿La vivienda asequible incentivada puede ser una buena forma de atraer a los promotores?
Los promotores no son ONG. Son empresas que tienen fines lucrativos y tienen que llegar a un acuerdo con el gobierno donde no pierda uno ni otro.
Más allá de lo privado, la inversión pública también juega un papel importante. Canarias ha incrementado el presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) hasta los 171.863.685 euros y para VISOCAN ha destinado este año 18 millones y así adquirir 120 casas más. ¿Cómo lo valora?
Te voy a dar un ejemplo que yo le pongo a mis estudiantes: si yo digo que una empresa gana este año 1.000 millones, ¿tú qué me dices? "Muy bien, ¿no?". Pero si yo te digo que el año pasado ganó 5.000 millones me dirías que es muy poco. Las cifras deben tener un contexto evolutivo.
¿A qué cursos da clases en la Facultad?
Doy clases en primero y en doble grado de ADE con derecho.
Esos jóvenes de 18 años, edad que tendrá la mayor parte, cuando acaben la carrera encontrarán un trabajo, querrán independizarse y lo tendrán muy complicado. Los jóvenes son los más vulnerables ante el problema de la vivienda. Una de las propuestas que se pretende poner en marcha este 2025 es la Hipoteca Joven Canaria para que puedan financiar hasta el 95% del valor de la casa con el aval del Ejecutivo. ¿Qué le parece?
Me parece bien porque todo va en pro de solucionar un grave problema. Pero la cuestión es cuántas de las demandas que se piden finalmente son solucionadas. Yo me pregunto el después, al calcular los resultados. Porque si por ejemplo de 20.000 personas jóvenes que lo pidieron solo pudieron acceder 2000, algo falla. O los requisitos fueron excesivos, el baremo afectó o había muchos trámites o hubo gente que no presentó papeles y no se enteró.
Sé que nadie tiene la tecla para solucionarlo de un plumazo, ¿pero para usted cuáles son los primeros pasos que se deben dar para que nadie se quede atrás?
Lo primero es saber qué personas necesitan vivienda. A qué número de familias y de jóvenes va dirigido mi proyecto. Esto al final es una bola que va creciendo.
El Gobierno quiere crear un Observatorio Canario de la Vivienda. Ha puesto 200.000 euros sobre la mesa. Se lo planteo como profesora universitaria porque a lo mejor, aunque todavía no hay mucha información, el Ejecutivo quiere contar con ustedes en algún momento.
Si cuentan conmigo no tengo ningún tipo de problema. Los profesores universitarios no solo podemos parecer "ratas de biblioteca", también podemos contribuir con nuestras investigaciones a mejorar la sociedad en la que vivimos.