La entrada en vigor de nuevas condiciones para la gestión del amianto a partir del 1 de abril ha encendido las alarmas en el sector de la construcción en Canarias. Las empresas advierten que, si no se encuentra una solución inmediata, muchas obras podrían verse obligadas a detenerse por la imposibilidad de tratar este residuo peligroso.
Hasta ahora, el material retirado en trabajos de rehabilitación, fontanería o renovación de infraestructuras, entre otros, se trasladaba sellado a la Península, principalmente a una planta en Andalucía especializada en su tratamiento. Sin embargo, esa vía ha quedado bloqueada tras la cancelación del contrato con la empresa que lo gestionaba.
Paralización de proyectos
La presidenta de la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, alerta que esto coloca al sector ante un "aprieto brutal" si no se habilitan alternativas en las próximas semanas, ya que actualmente no existe una instalación en Canarias capaz de tratar este residuo.
La consecuencia inmediata podría ser la interrupción de numerosos proyectos en marcha. “Podrían incluso paralizarse muchísimas obras que se están haciendo porque no existe la posibilidad de tratar el amianto aquí en este momento”, señala.
El problema afecta a trabajos muy diversos, desde reformas de edificios antiguos hasta la sustitución de tuberías, cubiertas de fibrocemento o instalaciones vinculadas a energías renovables.
La retirada se ha disparado
La situación llega además en un momento en el que la eliminación de este material cancerígeno se ha intensificado en las islas. El amianto está presente en numerosos elementos instalados durante décadas, como colectores de aguas residuales, tejados de uralita o antiguos depósitos.
Los datos reflejan ese aumento en la retirada: mientras que en 2022 se enviaron algo más de 1.000 toneladas de residuos con amianto desde Canarias, en 2024 la cifra superó las 4.100 toneladas, según la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.
Alternativas aún en estudio
La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular permite a las comunidades autónomas decidir si aceptan o no residuos procedentes de otras regiones. Algunas, como Andalucía o Cataluña, han optado por limitar esta posibilidad, lo que ha complicado la salida de estos materiales desde el Archipiélago.
Ante este escenario, administraciones y sector trabajan contrarreloj para encontrar alternativas que eviten el bloqueo de obras. Entre las opciones que se barajan está enviar el amianto a otros territorios o incluso al extranjero, o impulsar infraestructuras que permitan gestionarlo dentro de Canarias, según indica la presidenta de la patronal. “La situación es complicada porque se están barajando varias alternativas, pero todavía no hay ninguna definitiva”, reitera Gil, añadiendo que "todo supone una incógnita por ahora".
Por ahora, el sector permanece pendiente de que se encuentre una solución antes de la entrada en vigor de la normativa. Sin una vía para gestionar este residuo peligroso, las obras que detecten amianto no podrán continuar, lo que podría afectar a numerosos proyectos en todo el Archipiélago.