La Fecam analiza los pros y los contras del decreto de vivienda, en el que no han participado

La organización asegura que al no haber participado en su elaboración, necesitan recabar informes para posicionarse sobre el nuevo decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda

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Comité Ejecutivo 2023-2027 de la FECAM. / FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS
Comité Ejecutivo 2023-2027 de la FECAM. / FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS

Tras la aprobación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, comienzan a surgir las opiniones y posturas de las diferentes partes. En el caso de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), la organización ha mantenido una reunión para analizarlo “a nivel jurídico y técnico”, pues, según su presidenta Mari Brito, “no hemos participado previamente en su elaboración”.

Durante la reunión mantenida este jueves en Santa Cruz de La Palma, los representantes de los municipios canarios han debatido sobre “algunas cuestiones positivas, como la agilización y simplificación de procedimientos, y otras cuestiones en las que debemos profundizar porque invocan algunos artículos de la Ley del Suelo”, ha explicado Brito.

Plan Canario de Vivienda

La presidenta de la Fecam ha asegurado que “apostamos por avanzar en la construcción de vivienda protegida y sobre todo de promoción pública, y además abogamos por el cumplimiento del Plan Canario de Vivienda al que se adhirió la Federación”.

Sin embargo, Brito ha incidido en que quedan cuestiones que requieren un análisis desde el punto de vista técnico, y “como fue aprobado esta semana y no lo conocíamos anteriormente, aún estamos recabando informes para hacer un pronunciamiento por parte de la Fecam”.

Reunión con la Consejería de Turismo

La presidenta de la federación de municipios también ha adelantado que han sido convocados a una reunión “próximamente” con la Consejería regional de Turismo en la que solicitarán una regulación de la vivienda de alquiler vacacional.

Brito ha desmentido “que la Fecam no esté de acuerdo con el alquiler vacacional, porque lo que queremos es una regulación de esa actividad”, recordando que “hay cambios de uso en las viviendas en los que nosotros, los ayuntamientos, no tenemos seguridad jurídica ni ningún instrumento con el que podamos intervenir en esas situaciones”.

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