El Ministerio de Vivienda, que dirige Isabel Rodríguez, ha urgido este martes a los grupos parlamentarios a alcanzar un acuerdo para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, una modalidad que consideran en muchos casos un fraude encubierto que contribuye a la escalada de precios del alquiler.
Entre las medidas planteadas destaca la propuesta de elevar el IVA al 21% para los pisos turísticos, al entender que deben tributar “como la actividad económica que son”, según han indicado fuentes del ministerio.
Frenar la especulación y el fraude
La activación de la ponencia para tramitar una proposición de ley específica sobre este tipo de contratos es, para el Ministerio, una oportunidad para atajar la especulación y recuperar el control sobre el mercado del alquiler.
Vivienda también propondrá incrementar la presión fiscal sobre la vivienda vacía y extender bonificaciones del IRPF a zonas no declaradas tensionadas, con el objetivo de incentivar la oferta de alquiler residencial estable.
Cambios fiscales para grandes tenedores
Otra medida destacada es la modificación de la fiscalidad de las Socimis, que actualmente tributan al 15%. Vivienda propone elevar ese tipo al 25%, salvo que destinen sus inmuebles al alquiler a precios asequibles.
La ministra también ha insistido en que el modelo de alquiler de temporada y por habitaciones se está utilizando de forma irregular, especialmente en grandes ciudades, para evadir los límites legales del alquiler de vivienda habitual.
Nuevo impuesto para inversores no residentes
Para evitar la compra especulativa por parte de inversores extranjeros, Vivienda plantea crear un Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la UE, con el fin de preservar la función social de la vivienda.
Según el Ministerio, el uso de la fiscalidad como herramienta disuasoria permitirá contener los precios y evitar que la vivienda siga siendo tratada como un bien exclusivamente financiero.
Cesión de suelo público a Sepes
En paralelo, el departamento de Isabel Rodríguez propone transferir suelos del Patrimonio del Estado a la Entidad Estatal del Suelo (Sepes) para destinarlos a promoción de vivienda asequible, reforzando así el parque público de vivienda en todo el país.
El objetivo, afirman, es garantizar la permanencia del parque público a largo plazo, evitando su descapitalización y asegurando que el suelo público tenga finalidad social y no especulativa.