El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el pasado mes de septiembre que pedirían a las plataformas como Airbnb la retirada de 53.000 pisos turísticos —unos 8.700 en Canarias— tras detectar ciertas irregularidades. Señaló que el objetivo es que esas casas se acaben pasando al mercado residencial para hacer frente a la crisis habitacional.
Carolina García Chagrín, vocal de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI), asegura en declaraciones concedidas a Atlántico Hoy que el jefe del Ejecutivo nacional está “obviando los derechos de los propietarios”. Señala que muchos dueños de viviendas vacacionales no tienen la intención de destinar sus viviendas para otra finalidad.
Inseguridad jurídica
Apunta que desde el sector inmobiliario han detectado un rechazo por parte de los caseros —sobre todo en las zonas turísticas— a que su piso se convierta en un alquiler de larga duración. Pero la cosa no queda ahí. Subraya que el principal inconveniente es la inseguridad jurídica que perciben después que saliera adelante la ley estatal de vivienda en el año 2023.
La vocal de ACEGI pone sobre la mesa que el auge de la vivienda vacacional, aunque en parte está relacionado con la rentabilidad, tiene vinculación con que los dueños de las casas se sienten desprotegidos. Indica que los propietarios recibieron la ley como una norma injusta porque notan que los ha dejado a un lado. “Los expertos llevan años diciéndolo”, asevera.
Familias vulnerables
“Parece que ni se plantean modificarla o derogarla”, sostiene. La petición del Ejecutivo central consistía en retirar los anuncios, pero no sacar las viviendas del mercado. Por lo que García Chagrín no comprende por qué Sánchez dictó el uso que se les debe dar: “Las viviendas tienen unos dueños que las destinarán a lo que crean oportuno”.
“Cree usted el marco legal de incentivos necesarios y uno equilibrado para que eso ocurra [destinar las casas al mercado residencial”, afirma. Cuenta que los propietarios, ante la desprotección que sienten, evitan tanto a los residentes como a las familias vulnerables y a quienes tienen hijos. Además, en muchos casos prefieren dejar la vivienda vacía.
Vender o dejarla vacía
“Nosotros lo que escuchamos de los propietarios es: ‘Si no puedo poner un alquiler vacacional, la venderé o la dejo vacía, pero yo a esto no juego’”, narra la vocal de ACEGI. Por otro lado, los dueños ven como una opción factible distintas formas de comercialización como es el caso de los contratos de media estancia.
Sostiene que quizás habrá una parte que decida volver al mercado residencial, “pero lo hará porque quiera, no porque lo diga el presidente del Gobierno”. “Están jugando con el patrimonio de las personas”, comenta también. Eso sí, aclara que desde ACEGI defienden que exista una normativa que regule las viviendas vacacionales y que se le pongan límites.
Posibles soluciones
En cuanto a posibles soluciones al problema de la vivienda, comenta que pasa por aumentar la oferta. Es decir, construir más viviendas. “Ya se han tomado medidas desde el Gobierno de Canarias, pero claro, es un proceso lento que no ocurre de la noche a la mañana”, detalla García Chagrín.
Incide en que el Ejecutivo autonómico también está trabajando en un anteproyecto de ley para la ordenación sostenible del uso de la vivienda. “La medida puede ser efectiva y puede ayudar a que todas las casas nuevas que se saquen al mercado sean residenciales desde el principio”, apunta.