El Gobierno se compromete a adoptar medidas ante la subida de precios en vuelos Canarias-Península

Sánchez ha recordado que su departamento está trabajando en un proyecto piloto para analizar si en alguna de las rutas se puede establecer una obligación de servicio público, lo que podría dar como resultado fijar una tarifa máxima

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La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno español, Raquel Sánchez / Eduardo Parra - Europa Press
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno español, Raquel Sánchez / Eduardo Parra - Europa Press

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este miércoles que en el Gobierno son conscientes de la subida registrada en los vuelos entre Canarias y la Península. En este sentido, afirma que se comprometen a "adoptar las medidas que sean precisas" ante esta situación.

Sánchez ha contestado en el Pleno del Congreso a una pregunta de la diputada de Coalición Canaria, María Fernández, interesada en saber si la ministra ''considera que la labor de su departamento está teniendo éxito frente a la desmesurada subida de precios de los vuelos entre Canarias y la Península''-

La diputada canaria ha explicado a la cámara que los precios de esos vuelos "han subido de media un 18 %, llegando en algunas rutas al 45 %" y ha señalado que eso significa, cuando se está bonificando el 75 % del precio del billete, que "el dinero público se está tirando a la basura o, peor, está yendo a la cuenta de resultados de grandes aerolíneas".

Seguimiento del incremento del precio

La titular de Transportes ha garantizado que ministerio y gobierno ''hacen un control exhaustivo del destino de los recursos públicos" y también un seguimiento de ese incremento del precio de los billetes aéreos ''que lo cierto es qiue la guerra de Ucrania si ha influído'', explicó.  

Por su parte, además de comprometerse a "adoptar aquellas medidas que sean precisas", Sánchez ha recordado que su departamento está trabajando en un proyecto piloto para analizar si en alguna de las rutas se puede establecer una obligación de servicio público, lo que podría dar como resultado fijar una tarifa máxima.

Al respecto ha apuntado que el establecimiento de una tarifa máxima "solo se puede hacer articulando una obligación de servicio público que solo está justificada cuando se da un funcionamiento anómalo y que, en caso de no estar previamente justificado, puede tener efectos indeseados y que provoquen un decrecimiento de la oferta de viajes".