El Gobierno pide paralizar y revertir la privatización de servicios de los aeropuertos canarios

La directora general de Transportes, María Fernández, ha pedido también que el Estado medie para evitar la huelga de controladores aéreos convocada del 1 al 29 de febrero

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María Fernández, directora general de Transportes del Gobierno de Canarias y torre de control de Los Rodeos, Tenerife / MONTAJE AH
María Fernández, directora general de Transportes del Gobierno de Canarias y torre de control de Los Rodeos, Tenerife / MONTAJE AH

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha pedido al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y al secretario general de Transporte aéreo y marítimo, Benito Núñez, a que medien para evitar la huelga de controladores aéreos convocada del 1 al 29 de febrero.

De esta forma, Fernández ha insistido en que “la privatización de un servicio tan crucial tiene consecuencias muy significativas para Canarias, afectando a nuestra conectividad, nuestro transporte de mercancías y, especialmente, a nuestra principal actividad económica, el turismo”. En un comunicado, la directora general de Transportes apunta que "la privatización de estos servicios merma la seguridad y la eficiencia del tránsito aéreo entre islas y entre el resto de territorios, un servicio esencial por nuestra condición de Islas que perjudica el derecho de conectividad de los canarios y canarias y a la competitividad del Archipiélago al priorizar los intereses comerciales”, ha recalcado.

Revertir la privatización

Asimismo, Fernández ha instado a paralizar la intención de privatizar el resto de servicios de los aeropuertos canarios y a revertir la privatización en aquellos aeropuertos donde ya se ha llevado a cabo, restaurando la situación anterior. “Este conflicto está teniendo un impacto negativo en el servicio público y es necesario buscar una solución que garantice la eficiencia y seguridad en el control del tráfico aéreo. Además, estas huelgas afectan directamente a los residentes en Canarias; al turismo, el primer motor económico de las Islas, que atrae a millones de turistas cada año; así como a los trabajadores de las empresas privadas que se encuentran en un escenario de inestabilidad laboral, que motiva a que realicen, de manera legítima, su derecho a la huelga”.

Para concluir, Fernández ha recordado que antes de proceder a la privatización de las torres de control, se debería de haber tenido en cuenta los aspectos sociales y económicos de la medida, evaluando el impacto global que tendría en nuestro Archipiélago.