Nuevo lío laboral en la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP). José Fernández Pérez, una de las figuras con mayor trayectoria técnica en la gestión del litoral y los puertos canarios, ha presentado una reclamación formal en la que solicita la nulidad del nombramiento del director del organismo portuario, Francisco Trujillo.
Este ingeniero de Puertos, Canales y Caminos ha reclamado a la APLP que inicie un procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad radical del contrato laboral de Trujillo.
La petición de Fernández es del pasado mes de diciembre y se debatirá presumiblemente en el Consejo de Administración que se celebra en el puerto este jueves.
Pulso entre dos épocas de gestión
La reclamación no parece una disputa laboral convencional, sino un cuestionamiento directo a la contratación de Trujillo en 2008 y su posterior ascenso a director general de los puertos de la provincia de Las Palmas.
El directivo, que es economista de profesión, fue rescatado de la Sociedad de Promoción de Gran Canaria en 2008, durante el mandato de Javier Sánchez-Simón como presidente de la APLP.
Luego, en 2019, con Luis Ibarra de presidente, Trujillo asciende a director de la APLP, cargo en el que sigue porque tiene la confianza de la sucesora de Ibarra, Beatriz Calzada.
Irregularidades administrativas
En todo ese proceso, José Fernández considera que existen diferentes anomalías que comprometen la continuidad de Trujillo. De ahí que solicite a la administración la revisión de oficio de su contratación.
Fernández fue director general de Costas, un puesto de relevancia nacional que ocupó antes de su última etapa en Puertos de Las Palmas, donde fue jefe de área de Explotación entre 2013 y 2018. En esos cinco años fue el máximo responsable operativo de los muelles, cargo que desempeñó hasta su jubilación en junio de 2018.
El núcleo de la controversia
Unos meses después de la salida de Fernández Pérez por jubilación, se produjo la llegada de Francisco Trujillo a la dirección general. Fue bajo el mandato de Ibarra, que apostó por potenciar a los economistas frente a los ingenieros, una profesión ligada desde siempre a la gestión de los puertos en cargos directivos y de elevada responsabilidad.
El ascenso de Trujillo ha marcado un relevo generacional y de confianza en la cúpula técnica de la APLP, pero el demandante considera que su nombramiento no se ajustó estrictamente a los principios de publicidad, mérito o capacidad que rigen en los entes públicos.
Recorrido
La resolución de la petición de José Fernández podría tener consecuencias significativas para la estabilidad administrativa del Puerto de Las Palmas. Todo indica que la presidenta, Beatriz Calzada, pedirá a sus consejeros que la desestimen, pero el asunto podría tener recorrido en los juzgados si el demandante recurre a ellos.
Fernández plantea la nulidad radical del contrato y eso podría influir en todos los actos administrativos o resoluciones dictadas por Trujillo.