Cinco ex altos cargos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) han presentado un duro escrito contra la presidenta, Beatriz Calzada, cuya gestión lleva al organismo a la "deriva institucional" por mala praxis, el desmantelamiento organizativo y la opacidad, recoge el documento.
Los firmantes, que atesoran más de 25 años de experiencia cada uno, ocuparon puestos clave de director, subdirector o jefes de áreas estratégicas. Son Armando Bordes, Salvador Capella, Esteban Del Nero Benéitez, José Fernández y Juan Francisco
Martín.
Los cinco se han unido en una acción inédita en la historia del puerto para expresar su "preocupación" y "el profundo malestar" por la situación en la Autoridad Portuaria.
El escrito tiene seis páginas y fue presentado por registro el pasado día 5. Entre los asuntos más problemáticos que aborda destaca la gestión en Recursos Humanos y la "inacción de la presidenta", sobre todo tras una condena firme por acoso laboral y la continuidad de Carmen Gloria Rodríguez como jefa del servicio.
Rodríguez está de baja en la actualidad, pero eso no exime a la administración de abrir expediente, con la finalidad de decidir si procede o no imponer una sanción por los hechos probados de la sentencia.
Juicios y enchufismo
Además de la sentencia por acoso, la Autoridad Portuaria ha perdido más de una treintena de procedimientos judiciales en los últimos años en materia de personal, lo que ha generado un "coste económico en indemnizaciones, costas procesales y gastos de defensa sufragados con fondos públicos", denuncian.
También cuestionan la falta de objetividad y transparencia en nombramientos de puestos de responsabilidad, realizados "al margen de los procedimientos de selección", con varios nombramientos que están supuestamente vinculados a cargos de Coalición Canaria o a familiares de la jefa de Recursos Humanos.
Desmantelamiento y opacidad
El escrito subraya el "grave vacío funcional y de dirección" debido al desmantelamiento de la estructura, sin responsables designados en áreas estratégicas como Explotación, Dominio Público o el Departamento Comercial.
En materia de transparencia, denuncian el incumplimiento reiterado de requerimientos de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos. Afirman que la web institucional no publica datos obligatorios de altos cargos, como currículos, retribuciones y declaraciones de bienes, contraviniendo la ley.
Intervención urgente
Los ex altos cargos solicitan a Calzada que intervenga para garantizar el cumplimiento de la legalidad y depurar responsabilidades en el acoso laboral, además de reconstruir la estructura organizativa y técnica para recuperar el prestigio institucional.
Asimismo es necesario atender sin demora los requerimientos de transparencia y sentarse con el Comité de Empresa.
El escrito termina con un recordatorio a modo de advertencia: "es incompatible con los principios de ética pública" permitir que quienes vulneren la normativa y la dignidad de otros sigan actuando con poder.
Antes de presentar el documento, la propia víctima del acoso reprochó a Calzada la inacción contra la responsable de Recursos Humanos, y el comité de empresa se ha quejado varias veces de que no se atienden sus demandas y se incumplen acuerdos, con amagos de ir a la huelga si no se corrige la situación.