Con una tasa de pobreza y exclusión social del 31,2%, Canarias es uno de los territorios donde el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tiene un mayor potencial como herramienta de lucha contra la pobreza. Sin embargo, pese a ese impacto teórico elevado, la realidad muestra una brecha significativa entre el alcance real de la prestación y su capacidad efectiva de protección. Según las estimaciones, el IMV podría reducir la brecha de pobreza en las Islas en un 60,9% si se desplegara plenamente, pero una parte relevante de los hogares que cumplen los requisitos no accede a la ayuda.
Esta es una de las principales conclusiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe de evaluación del gasto público, incluido en la Spending Review 2022-2026 (fase II), publicado en febrero de 2026.
Baja cobertura efectiva
De acuerdo con el análisis de la AIReF, el diseño actual del IMV permitiría que la prestación alcanzara en Canarias al 56,3% de los hogares en riesgo de pobreza, una de las cifras más elevadas del conjunto de comunidades autónomas. Solo territorios como Melilla, Ceuta, Asturias o Andalucía presentan porcentajes similares o superiores. No obstante, la cobertura efectiva es sensiblemente inferior, lo que sitúa al Archipiélago entre las comunidades con mayor distancia entre el impacto potencial y el impacto real de la prestación.
La autoridad fiscal subraya que esta brecha no es solo cuantitativa, sino también social. En términos de impacto, el IMV podría reducir en Canarias la tasa de pobreza en un 17,4%, por encima de la media nacional del 16,2%, lo que coloca a las Islas entre los territorios donde la prestación tiene mayor capacidad redistributiva. Sin embargo, el efecto efectivo logrado se sitúa por debajo del promedio estatal, lo que refuerza la idea de que una parte sustancial de los hogares elegibles queda fuera del sistema.
Sin llegar
El mismo patrón se observa al analizar la brecha de pobreza, es decir, la distancia media entre los ingresos de los hogares pobres y el umbral de pobreza. En Canarias, el IMV podría reducir esa brecha en un 60,9%, situándose nuevamente por encima de la media nacional y en niveles similares a los de Andalucía o Asturias. Aun así, el informe constata que el grado de ejecución real se mantiene muy alejado de ese potencial teórico.
Uno de los factores clave que explican esta situación es el fenómeno del non take-up, que engloba a los hogares que, pese a cumplir los requisitos, no solicitan el IMV. La AIReF destaca que Canarias concentra un volumen elevado de hogares no solicitantes, especialmente en municipios medianos y grandes, y sitúa al Archipiélago entre los territorios con mayor número absoluto de hogares elegibles que no acceden a la prestación.
Solapamiento con la renta autonómica
El informe identifica además un problema específico de coordinación institucional. En Canarias, seis puntos porcentuales del non take-up corresponden a hogares que ya perciben la Renta Canaria de Ciudadanía. Este solapamiento evidencia que parte de los beneficiarios potenciales del IMV permanece fuera del sistema estatal debido a la coexistencia de ayudas autonómicas y a la falta de integración efectiva entre ambos niveles de protección social.
La evaluación también permite observar diferencias significativas dentro del Archipiélago al analizar la gestión administrativa por provincias. En el caso de Las Palmas, la provincia figura entre aquellas con una evolución más favorable de los tiempos de tramitación del IMV. En 2024, el tiempo mediano de aprobación de los expedientes se sitúa por debajo de la media nacional, con una evolución relativamente positiva respecto a 2022.
Diferencias provinciales en la gestión
Pese a esa mejora administrativa, Las Palmas presenta un elevado número de hogares que no solicitan la prestación. De hecho, Las Palmas de Gran Canaria se encuentra entre los diez municipios de España con mayor volumen de non take-up, junto a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, lo que apunta a problemas de acceso, información y acompañamiento, más allá de la gestión administrativa.
La situación es distinta en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que aparece en el informe entre las provincias con una evolución más desfavorable de los tiempos de tramitación. En este territorio, los plazos de aprobación del IMV en 2024 se sitúan por encima de la media nacional y el empeoramiento respecto a 2022 es más acusado que en otros puntos del país, lo que sugiere dificultades adicionales en la gestión de la prestación.
Un potencial aún sin aprovechar
En conjunto, la evaluación de la AIReF dibuja un escenario claro para Canarias: una comunidad con altos niveles estructurales de pobreza, donde el Ingreso Mínimo Vital podría desempeñar un papel decisivo en la reducción de la desigualdad, pero cuyo impacto real sigue siendo limitado. La combinación de altos niveles de non take-up, problemas de coordinación con las rentas autonómicas y desigualdades en la gestión provincial está impidiendo que la prestación alcance todo su potencial.
El informe concluye que mejorar la eficacia del IMV en territorios como Canarias pasa por reforzar los mecanismos de concesión automática, simplificar los requisitos administrativos y potenciar las campañas de información y acompañamiento, especialmente en los grandes núcleos urbanos, donde se concentra el mayor número de hogares que, aun siendo elegibles, permanecen fuera del sistema de protección social.