El incremento de la actividad operativa y la creciente presencia de buques de gran porte en el Puerto de Las Palmas ha llevado a la Autoridad Portuaria a iniciar un procedimiento extraordinario para modificar las reglas del servicio de amarre y desamarre de barcos.
La medida, abierta a trámite de audiencia, busca adaptar los medios a la nueva realidad del tráfico marítimo en la capital grancanaria, Salinetas y Arinaga. Sin embargo, el borrador ha generado incertidumbre y recelo entre los usuarios del puerto: aunque la cuantía exacta del encarecimiento final está por determinar, fuentes del sector consultadas sitúan el impacto económico real en un aumento de entre el 20% y el 30% en los costes de la operativa.
La propuesta de actualización abarca dos frentes esenciales: la dotación exigida para garantizar la seguridad en las operaciones y la estructura de precios aplicables. La compañía que presta este servicio en régimen de licencia es Sepcan.
Cautela y críticas
La noticia ha cogido por sorpresa a la comunidad portuaria, no solo por el calado de la modificación sustancial de las condiciones, sino también por las fechas elegidas para su tramitación, en pleno periodo estival. Las organizaciones empresariales estudian ya el impacto que tendrá en las navieras y los armadores, los cuales pagan el servicio a través de las consignatarias locales.
A una de las organizaciones que más afecta el cambio es a la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Las Palmas (Asocelpa), cuyo equipo técnico se encuentra analizando a fondo el borrador del expediente para presentar alegaciones. Formalmente disponen de diez días hábiles para elevar sus consideraciones a la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP).
Se trata de un asunto complejo, muy técnico, con varias tablas y tarifas que se aplican en relación al tráfico real del puerto, el cual, además, deberá ser ratificado por Puertos del Estado y aprobado por el Consejo de Administración de la APLP, no sólo por la comisión correspondiente que impulsa su tramitación.
Otros colectivos como la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) optan por la prudencia y prefieren esperar a que avance la tramitación del borrador y se aclaren las cifras definitivas antes de fijar una posición oficial, mientras que One Port sí se muestra algo más crítica.
La entidad que preside José Mayor considera que el incremento en el tráfico marítimo registrado en los últimos meses es un fenómeno puntual que responde a ritmos y ciclos variables de la demanda internacional, por lo que difícilmente puede utilizarse como un argumento de peso suficiente para justificar por sí solo un cambio estructural de esta envergadura.
Un 60% más de personal
En el capítulo de recursos humanos, la Autoridad Portuaria prevé una notable ampliación de los requisitos mínimos. Si la normativa vigente (de abril de 2021) fija en diez el número de amarradores por turno con presencia en el muelle, el nuevo borrador eleva esa cifra a dieciséis profesionales.
De este total, la operativa diaria obligará a mantener en presencia permanente a doce trabajadores —dos de ellos patrones y diez amarradores—, reforzados por un grupo de disponibilidad localizada o retén compuesto por cuatro personas (dos patrones) preparadas para actuar de inmediato ante emergencias o servicios no programados. Durante el turno nocturno (entre las 22:00 y las 06:00 horas), la presencia física se ajustará reduciéndose en dos amarradores, manteniéndose intactos los retenes.
Medios materiales y costes
Este refuerzo en tierra se acompañará de un incremento en la flota terrestre, donde los vehículos auxiliares tipo todoterreno pasarán de tres a cuatro unidades. La exigencia de embarcaciones se mantiene en cuatro unidades (tres con base en Las Palmas y una asignada a Arinaga para atender la operativa exterior y Salinetas).
Para fundamentar la propuesta, la Autoridad Portuaria ha recalculado la estructura económica del servicio, concluyendo que los costes laborales representan el factor determinante de la tarifa. De este modo, el peso de los salarios dentro del coste total pasa a fijarse en el 81,38%. En comparación, el resto de componentes mantendrá un impacto residual: el combustible representará un 1,06%, el mantenimiento naval un 1,39% y los seguros un 0,88%.
Tarifas y recargos especiales
El borrador simplifica los tramos tarifarios generales —que pasan de quince a once cuadros en función del tonelaje o arqueo acumulado—, pero el mayor impacto económico residirá en los criterios para los servicios especiales.
La Autoridad Portuaria endurece las condiciones para aplicar un recargo de 431,10 euros adicionales por hora, fijando que se cobrará este extra en cualquier operación que supere los ochenta minutos, requiera mover plataformas petrolíferas, barcos abarloados o implique la fijación de más de 16 cabos.
Pero esa es la propuesta para las maniobras especiales y para los buques con mayor tonelaje, los cuales son cada vez son más habituales en Las Palmas y, por tanto, deben someterse a una tarifa ajustada a su volumen y complejidad.
Precisamente por esa complejidad técnica y por la variación según el arqueo bruto de cada nave, las patronales trabajan con simulaciones sobre el tráfico real. Son esos cálculos los que llevan al sector a estimar un sobrecoste global de entre el 20% y el 30%, según se trata de buques de pasajeros entre islas o de mercantes en régimen abierto.
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