El incremento de la actividad operativa y la creciente presencia de buques de gran porte en el Puerto de Las Palmas ha llevado a la Autoridad Portuaria a iniciar un procedimiento extraordinario para modificar las reglas del servicio de amarre y desamarre de los barcos.
La medida, abierta a trámite de audiencia para que el sector presente sus alegaciones, responde a la necesidad de adaptar los medios a la nueva realidad del tráfico marítimo en la capital grancanaria, Salinetas y Arinaga, marcados por la simultaneidad de operaciones y la complejidad técnica de los buques que hacen escala.
La propuesta de actualización abarca dos frentes esenciales: la dotación exigida para garantizar la seguridad en las operaciones y la estructura de precios máximos aplicables. La compañía que presta el servicio es Sepcan.
Más personal en los muelles
En el capítulo de los recursos humanos, la Autoridad Portuaria prevé una notable ampliación de los requisitos mínimos que deben cumplir los prestadores. Si la normativa vigente fija en diez el número de amarradores por turno con presencia en el muelle, el nuevo borrador eleva esa cifra a dieciséis profesionales.
De este total, la operativa diaria obligará a mantener en presencia permanente a doce trabajadores —dos de ellos patrones y diez amarradores—, reforzados por un grupo de disponibilidad localizada o retén compuesto por cuatro personas (dos de ellas patrones) preparadas para actuar de inmediato ante emergencias o servicios no programados.
Además, durante el turno nocturno, fijado entre las diez de la noche y las seis de la mañana, la exigencia de presencia física se ajustará reduciéndose en dos amarradores, si bien se mantendrán intactos los retenes de guardia.
Medios materiales
Este refuerzo de la plantilla en tierra se acompañará a su vez de un incremento en la flota terrestre adscrita al servicio, donde la exigencia de vehículos auxiliares de asistencia tipo todoterreno pasará de tres a cuatro unidades.
Por contra, el requerimiento de embarcaciones se mantiene en cuatro unidades, con tres con base en Las Palmas y una asignada a Arinaga para atender la operativa exterior de este puerto y Salinetas.
Subida de tarifas
El cambio en la complejidad de los buques también se reflejará en la facturación del servicio. El borrador de la resolución propone simplificar los tramos tarifarios generales —que pasan de quince a once cuadros en función del arqueo o tonelaje acumulado anualmente— y ampliar las franjas que permitirían solicitar revisiones extraordinarias en el futuro.
Sin embargo, el impacto más acusado se concentrará en las denominadas maniobras o servicios especiales. Estas actuaciones —que abarcan operaciones de más de ochenta minutos, el movimiento de plataformas petrolíferas, barcos abarloados o maniobras que requieran más de 16 cabos de fijación— verán actualizada su tarifa máxima hora o fracción.
La cuantía de referencia, que tras las últimas actualizaciones se situaba en 431,10 euros por hora, pasará a fijarse en 991 euros, lo que supone un incremento próximo al 130% destinado a cubrir el despliegue extraordinario de medios.
Coste de mano de obra
El expediente incorpora asimismo una actualización en la fórmula que se utiliza para revisar las tarifas cuando se producen variaciones de costes de mercado. La Autoridad Portuaria ha recalculado la estructura económica del servicio de amarre, concluyendo que los costes laborales representan el factor mayoritario en la operativa diaria.
De este modo, el peso de los salarios dentro del coste total del servicio pasa a fijarse en el 81,38%. En comparación, el resto de componentes mantendrá un impacto muy residual en la estructura del precio: el combustible representará un 1,06%, los gastos de mantenimiento y reparación naval supondrán un 1,39% y la partida dedicada a seguros del transporte quedará ajustada en un 0,88%.
Incertidumbre estival
Una vez abierto el trámite de audiencia publicado en el expediente, las organizaciones sindicales, las asociaciones de operadores y las empresas del sector disponen de un plazo de diez días para presentar las alegaciones y documentación que estimen convenientes antes de que el texto definitivo sea sometido a la aprobación del Consejo de Administración.
El actual pliego de prescripciones particulares entró en vigor en abril de 2021. Su actualización ha cogido por sorpresa a la mayoría del sector, que está en estos momentos analizando el documento para decidir si presentan o no alegaciones, una sorpresa motivada tanto por el aumento de las tarifas y las condiciones del servicio (modificación sustancial) como por el mes elegido para comunicarlo, con buena parte del personal directivo portuario con un pie en las vacaciones.
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