El futuro del Puerto de La Luz y de Las Palmas se enfrenta a un horizonte complejo ante el impulso de infraestructuras competidoras en la costa africana. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha alertado este lunes del "grave peligro" que supone el desarrollo del puerto de Dajla para la economía insular.
El mandatario ha mostrado su preocupación ante la postura de las autoridades europeas, españolas e incluso canarias, a las que acusa de potenciar la inversión en el recinto marroquí a pesar de la situación de competencia desequilibrada que genera.
Riesgo para la economía isleña
La inquietud institucional radica en las condiciones en las que operará el nuevo puerto situado en el Sáhara Occidental. Según ha explicado Morales, si prospera la iniciativa de Marruecos, el Puerto de Las Palmas deberá competir contra una infraestructura que juega con ventaja al no estar sometida a las exigencias normativas de la Unión Europea.
Esto implica que el puerto vecino afrontará menores costes operativos, lo que podría derivar en una pérdida significativa de competitividad para el recinto grancanario en un momento en el que se enfrenta a grandes retos estratégicos.
El presidente insular ha lamentado que, pese a sus advertencias previas, desde el Gobierno de Canarias y la patronal portuaria se siga animando a invertir en Marruecos. Morales considera que esta actitud pone en serio peligro la actividad del puerto, pudiendo provocar desvíos de tráficos de transbordo, pérdida de servicios marítimos y una reducción de la capacidad logística. Ha subrayado que el riesgo no se debe a una falta de capacidad o experiencia de los operadores locales, sino a un marco normativo mucho más exigente frente a un puerto extracomunitario diseñado expresamente para captar esos tráficos.
El precedente de Algeciras
Para dimensionar la gravedad de la amenaza, Morales ha señalado el caso del puerto de Algeciras como un espejo en el que no debe mirarse Gran Canaria. El recinto andaluz ha visto cómo su liderazgo histórico ha sido desplazado por Tánger Med, el puerto marroquí que ha captado gran parte del tráfico del Estrecho. Según el análisis del Cabildo, Algeciras ha perdido centralidad y capacidad de influencia debido al impulso sostenido de su competidor vecino, un proceso que ha contado con la aquiescencia de España y la Unión Europea.
El temor expresado por el líder insular es que este escenario se replique en el Atlántico Medio. Morales advierte que perder un puerto estratégico no implica solo una merma en el tráfico de contenedores, sino también la destrucción de empleo, capacidad industrial y autonomía logística. Ante esta realidad, ha criticado que a algunos interlocutores políticos y empresariales "les preocupe poco el puerto grancanario" y los efectos económicos que, a su juicio, no pueden considerarse simples daños colaterales.
Desventaja normativa europea
Uno de los puntos críticos señalados en la denuncia es la aplicación del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea al transporte marítimo. Esta normativa obliga a los puertos comunitarios a asumir nuevos costes ambientales que, aunque legítimos desde la perspectiva climática, están "mal calibrados desde el punto de vista estratégico".
Mientras los puertos europeos asumen estas cargas, recintos extracomunitarios como el futuro puerto de Dajla o Tánger Med operan sin esos costes adicionales, además de contar con salarios más bajos y normativas de seguridad más laxas.
Morales sostiene que no puede existir una política portuaria europea que fortalezca nodos logísticos fuera de la UE a costa de debilitar sus propios enclaves estratégicos. Ha reclamado mecanismos que acompañen a la transición ecológica y la apertura comercial para evitar la deslocalización de la actividad portuaria. Según su visión, la falta de acción estatal y comunitaria está sacrificando impunemente a los puertos europeos frente a la competencia de terceros países.
Vulneración del derecho internacional
Más allá del impacto económico, la denuncia del Cabildo pone el foco en la ubicación del proyecto. El puerto de Dajla se encuentra en el Sáhara Occidental, un territorio ocupado y pendiente de descolonización. Antonio Morales ha recordado que España sigue siendo reconocida por la ONU como la potencia administradora, por lo que no puede alegar ignorancia ante el desarrollo de esta infraestructura.
El presidente ha calificado de "ilegalidad" y "atentado contra el derecho internacional" el respaldo a este proyecto. A su juicio, facilitar que el puerto marroquí compita con el de Las Palmas desde una zona ocupada supone legitimar un modelo de desarrollo que niega el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Morales ha concluido que renunciar a la defensa de la legalidad internacional pone en riesgo la soberanía y credibilidad del Estado a largo plazo.