El Instituto Canario de Estadística ha prohibido la contratación de la empresa SH Lanzarote para prestar de los servicios de seguridad en las instalaciones de la institución. La decisión, que se ha hecho pública tras difundirse en el Boletín Oficial de Canarias, responde a los incumplimientos por parte de la empresa del contrato firmado entre ambas partes. A lo largo de 2022, vigilantes de seguridad en varias instituciones denunciaron impagos por parte de la empresa y reclamaron la ruptura de los contratos en todas las instituciones.
Todo fue en caos entonces. Los sindicatos USO y CSIF convocaron manifestaciones por separado en las islas capitalinas y varios trabajadores trasladaron a Atlántico Hoy que el impago de sus sueldos les había llevado a recurrir a bancos de alimentos para dar de comer a sus familias. El fantasma de los incumplimientos que habían vivido con la empresa Seguridad Integral Canaria se hicieron realidad y los trabajadores reclamaban la finalización de los contratos, que poco a poco se fue produciendo.
Un año de manifestaciones
La empresa llegó a tener un embargo por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en 2022, aunque una vez levantado los trabajadores denunciaron que sus nóminas seguían sin ingresarse. Hubo instituciones como el Ayuntamiento de Santa Cruz o el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no habían cumplido su parte del contrato y que debían dinero por el servicio, lo que fue usado por la empresa como moneda de presión y no pagó a sus trabajadores, tal y como muchos empleados de la capital grancanaria trasladaron entonces a este medio de comunicación.
Poco a poco, los contratos de la empresa con las instituciones públicas se fueron subrogando a otras empresas, como en el caso del ayuntamiento chicharrero con Prosegur. SH Lanzarote comenzó su actividad en 1991, pero ya en 2016 desde Comisiones Obreras de Lanzarote denunciaban que la empresa no era “merecedora” de contratos públicos. Aun así, obtuvo contratos con varios consistorios y áreas de salud de las islas.
El contrato con el ISTAC
La resolución del ISTAC informa ahora que la empresa ha trasladado a la institución canaria su “intención de no continuar prestando el servicio contratado”. La causa no es otra que la incapacidad económica para hacerse cargo del servicio, aunque la empresa no ha acreditado un concurso de acreedores ni la insolvencia, según la resolución firmada el pasado 17 de mayo.
SH Lanzarote salió adjudicataria del contrato de los servicios de seguridad en las instalaciones del ISTAC en Las Palmas de Gran Canaria en 2020 por 17.007,58 euros. En un primer momento el contrato era de dos años, pero en abril de 2022, cuando ya se estaban produciendo manifestaciones en Tenerife por no abonar los sueldos, la administración pública decidió prorrogar el contrato hasta el 30 de junio de 2023.
Sin embargo, fue en octubre de 2022 cuando la dirección del instituto dictó la resolución del contrato por “incumplimiento culpable de la obligación principal del contrato”. Ya en marzo de 2023 una resolución del director del ISTAC inicia el expediente para declarar la prohibición para adjudicar a la empresa los servicios de seguridad en las instalaciones. Una resolución que se asemeja a las demandas que hacían los trabajadores hace un año.