Varias asociaciones ecologistas y ciudadanas han mostrado su alarma y rechazo ante la posible instalación de una central eléctrica flotante alimentada con combustibles fósiles en el Puerto de La Luz, junto al barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Los colectivos consideran que esta decisión supondría una “hipoteca ambiental y sanitaria” para la zona.
El comunicado está firmado por Foro Por La Isleta, Guanarteme Se Mueve, Federación Ben Magec, Canarias Tiene Un Límite, Greenpeace y Salto a la Transición Ecológica. Las entidades denuncian que, por ahora, solo cuentan con la información publicada en medios de comunicación y critican que se pueda utilizar “el miedo al apagón” para que la población acepte este buque como una solución temporal de emergencia.
Dudas sobre su temporalidad
Las asociaciones advierten de que nada garantiza que esa supuesta temporalidad no acabe alargándose de forma indefinida, como aseguran que ya ha ocurrido con instalaciones similares en otros países. Por ello, reclaman transparencia y explicaciones públicas antes de que se tome cualquier decisión.
Los colectivos recuerdan que el buque previsto funcionaría con combustibles fósiles, algo que, a su juicio, choca “frontalmente” con los objetivos climáticos asumidos por Canarias, España y la Unión Europea. Además, defienden que las emisiones serían muy superiores a las de alternativas renovables que ya consideran maduras y aplicables en el Archipiélago.
Preocupación en La Isleta
Uno de los puntos que más preocupa a las entidades es la ubicación de la central, a escasos metros de La Isleta, un barrio con más de 20.000 habitantes y con espacios sensibles como centro de salud, residencia de mayores, instituto, colegios y guarderías. Los colectivos comparan esta situación con el rechazo vecinal que ya generó en su momento el proyecto de la planta de gas natural de Totisa.
También alertan de que los vientos alisios dominantes del nordeste podrían dirigir la contaminación hacia tierra. En este sentido, recuerdan que la Organización Mundial de la Salud vincula determinados contaminantes con enfermedades cardiovasculares, asma, EPOC, cáncer de pulmón y mortalidad prematura.
Piden informes y transparencia
Las asociaciones reclaman a la Administración que haga públicas las necesidades reales de generación eléctrica de Gran Canaria y que explique por qué este buque sería la “única opción viable”. También piden un estudio comparativo de alternativas técnicas y un análisis completo de impacto ambiental.
A ello suman la exigencia de un estudio específico sobre la salud pública, con identificación de la población afectada y de los centros sensibles cercanos. Los colectivos consideran imprescindible conocer los posibles efectos antes de instalar una infraestructura de estas características junto a un barrio habitado.
Costes, contrato y combustible
Las entidades también piden que se aclare el coste económico de la central para las arcas públicas y para la factura eléctrica de los consumidores canarios. Reclaman conocer la duración del contrato, su fecha de caducidad vinculante y las condiciones completas, incluidas posibles penalizaciones por incumplimiento o por prolongar la instalación más allá del plazo anunciado.
Además, solicitan información sobre el tipo y origen del combustible, sus características, las condiciones de suministro y los planes de contingencia ante posibles vertidos. Para los colectivos, no basta con presentar el buque como una solución de emergencia si no se detallan sus impactos, riesgos y costes reales.
“La Isleta ya dijo no”
“La Isleta ya dijo no a la planta de Totisa. Volverá a decirlo”, han advertido las asociaciones, que insisten en que el barrio no puede cargar con las consecuencias de la falta de planificación energética.
“La salud de un barrio no puede ser la moneda de cambio de la mala planificación energética”, concluyen los colectivos, que piden apostar por alternativas renovables y por una transición energética que no vuelva a concentrar los riesgos ambientales en las mismas zonas de la ciudad.