Durante décadas, la conocida como ley del 87 ha sido una herramienta clave para proteger a productores canarios, especialmente a los dedicados a cultivos subtropicales, frente a la entrada de productos procedentes del exterior. En un contexto marcado por acuerdos comerciales internacionales, como el reciente pacto entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia), algunos sectores como el de la piña de El Hierro mantienen su confianza en esta normativa como garantía para salvaguardar su producción.
Pablo Carmona, presidente de SAT Frutas de El Hierro y vicepresidente de PALCA, explica a Atlántico Hoy que en lo que respecta a la piña, que producen y distribuyen exclusivamente para el mercado local, el impacto no es tan significativo. Esto se debe a la existencia de la protección por barrera fitosanitaria establecida en esta orden ministerial del 1987, que prohíbe la importación en Canarias de frutas subtropicales como la piña, el aguacate, el mango, la papaya o el plátano.
No obstante, Carmona no deja atrás la falta de vigilancia en los puertos y aeropuertos canarios, una situación que califica como una “guerra continua” porque las competencias en los puntos fronterizos dependen del Ministerio, desde donde alegan falta de personal. Según denuncia, esta carencia de controles convierte los puertos en un auténtico coladero, facilitando la entrada ilegal de piña tropical y otros productos similares.
Otros casos
Más allá de la piña tropical y de los productos subtropicales, Carmona advierte de que el tratado de Mercosur supone un grave problema para las producciones europeas en general y, en el caso concreto de Canarias, el cultivo más perjudicado sería el plátano destinado a la exportación, que ya sufre una fuerte competencia con la banana.
Carmona afirma que existe "una gran preocupación entre los productores", ya que no pueden "competir en igualdad de condiciones con países terceros". Señala que muchos de esos países "utilizan sistemas y productos fitosanitarios que no están permitidos en Europa, lo que pone en desventaja a los agricultores europeos". Además, denuncia lo que califica como una “doble moral” por parte de la Unión Europea "que prohíbe a los productores europeos el uso de determinadas materias activas, fundamentales para combatir plagas mientras, permite la entrada de productos importados tratados con esas mismas sustancias prohibidas".
En este contexto, Carmona advierte de que el consumidor europeo también "debe extremar la precaución, ya que está consumiendo productos procedentes de terceros países tratados con fitosanitarios no autorizados en Europa". Como ejemplo, menciona las carnes procedentes de Brasil, que asegura "llegan hormonadas", y destaca que en Canarias entra desde hace años carne brasileña, especialmente pollo congelado. Por ello, insiste en la importancia de que los consumidores "sean conscientes de lo que compran y de lo que demandan en los supermercados". De hecho Carmona no solo apunta a Mercosur, también habla de la competencia de otros países como Marruecos.
La piña en cifras
En cuanto a la situación de la piña en los últimos meses, Carmona explica que las prohibiciones de determinadas materias activas que utilizaban "y que no eran perjudiciales" afectaron gravemente al sector, ya que se "empleaban principalmente para la desinfección de la tierra". Tras estos tratamientos, la primera cosecha "se obtenía casi dos años después y, según señala, se realizaban numerosas pruebas de residuos que nunca dieron resultados positivos".
A partir de esas prohibiciones comenzaron a "aparecer virosis, cochinilla y otras afecciones", una situación que se ha prolongado durante casi cinco años. Ante este escenario, se empezaron "a aplicar protocolos de recuperación de la piña, un proceso lento y de resultados a medio y largo plazo". No obstante, Carmona asegura que "ya se están observando avances y algunos resultados positivos", y confía en que dentro de un año y medio o dos años puedan comenzar a "obtenerse cosechas procedentes de plantas certificadas y saneadas".