El Gobierno de Canarias tiene abiertos varios frentes judiciales por las ayudas COVID a empresas y autonómos repartidas en 2021. Dieciséis empresas y una particular han llegado hasta los tribunales para impugnar la resolución que les excluyó del reparto de los más de 1.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.
Las empresas son Importaciones González y Vera, Importaciones Seit 52, Papagayo Arena, Destilerías San Bartolome de Tejina, Aviapartner Span, Almacenes Teide Muralla, Márquez Morilla, Pama e Hijos, Ombu Canarias, Ediciones y Producciones en Arte, Framatea, Asesoramiento Legal Egea-Molina, Thainui Canarias, D28 Tiendas 24 horas, Cool Style Brands y Special Prices Auto Reisen. Y la particular María Berta Cantero Lleó.
Unas fueron exlcuidas por incumplir algún requisito —como no estar al corriente con la Agencia Tributaria o no acreditar la reducción del volumen de facturación igual o superior al 30% en los ejercicios 2019 y 2020— y otras se quedaron en la lista de reserva. Todas presentaron recursos de alzada ante las resoluciones de la Dirección General de Promoción Económica de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Y al ser desestimados, acudieron a la justicia.
Desde hace varios meses, la consejería ha ido publicando en el Boletín Oficial de Canarias los anuncios por los que hace públicas las resoluciones para remitir a los tribunales los expedientes de cada caso. Los dos últimos, el pasado viernes.
Más de 1.100 millones en ayudas
Canarias fue, junto a Islas Baleares, la única comunidad autonóma que consiguió repartir todos los fondos asignados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Al archipiélago le corresponderon 1.144 millones de euros, la cantidad más alta de todas las regiones, y consiguió que llegaran a las empresas y autónomos antes de que venciera el plazo. La norma obligaba a las comunidades a devolver el dinero no repartido.
Algunos gobiernos autonómicos se quedaron muy lejos de repartir todo el dinero. Fue el caso de Murcia (devolvió el 62,9% de sus fondos), Castilla-La Mancha (59,7%), País Vasco (54,7%), Asturias (53,7%), Comunidad Valenciana (51,2%) y Aragón (51%). En total, casi unna cuarta parte de los 7.000 millones del fondo fue devuelto por las comunidades.