El plan para mejorar la Dársena de Embarcaciones Menores (DEM) del Puerto de Las Palmas se ha topado con un nuevo frente de resistencia: La Autoridad Portuaria ha suspendido los trabajos para cambiar dos pantalanes porque tres embarcaciones se niegan a moverse y liberar la zona de atraque.
Todas tienen orden de desahucio porque están entre la treintena de procesos contra los barco vivienda de Las Palmas de Gran Canaria, pero ahora se ha abierto otro enfrentamiento judicial por la negativa a dejar los amarres para poder comenzar la obra, que afecta a los pantalanes S y T.
Se trata de la zona de atraque más alejada, casi en la bocana del Muelle Deportivo, junto a la paya de Las Alcaravaneras. La Autoridad Portuaria explica que 17 embarcaciones han cumplido el requerimiento y han abandonado temporalmente la zona, con la excepción de las tres embarcaciones del pantalán T.
El 'caso Lopiano'
Entre los barcos rebeldes está el My Way, propiedad de Andrea Lopiano, un ciudadano italiano imputado por la Fiscalía de su país en un entramado de contrabando de combustible y blanqueo de capitales vinculado al clan mafioso de Los Casalesi.
Lopiano no tiene atraque fijo, sino de tránsito, pero se ha sumado a la plataforma de afectados de los barcos vivienda. Lleva casi un año residiendo de forma ilegal en la marina de Las Palmas, tras negarse a dejar el atraque para hacerle hueco a los veleros de la regata ARC.
Las otras embarcaciones que bloquean las obras son Cementina y Victoria B.
Retraso y plazos
La adjudicataria tenía previsto comenzar a trabajar esta semana, pero ha tenido que retrasar la sustitución de los pantalanes, que están en mal estado y urge reemplazarlos para mejorar el servicio y la seguridad de los atraques.
Ante el enrocamiento de la situación, la Autoridad Portuaria ha solicitado al juez autorización para proceder al desalojo forzoso de los tres barcos de recreo.
Hasta el momento, desde el inicio de los procesos de desahucio en 2024, la única persona expulsada a la fuerza ha sido Margarita, una mujer en situación de vulnerabilidad, sin recursos, que no pudo batallar contra la autorización judicial y fue sacada a empujones por la Guardia Civil. Lopiano, en cambio, con recursos para defenderse y recurrir, sí ha logrado frenar un primer intento de desalojo.
Ofensiva general
En los últimos meses, el consejo de administración portuario ha pisado el acelerador para erradicar el uso residencial de la dársena, abriendo más de 30 expedientes de desahucio administrativo y rechazando los recursos presentados por los perjudicados.
La Autoridad Portuaria sostiene que la legislación estatal de puertos y la ordenanza local prohíben el uso de las embarcaciones como residencia permanente en el dominio público marítimo-terrestre, pero los afectados reivindican su derecho a vivir en los barcos. La última palabra, por tanto, la tendrán los jueces.
La presión institucional ya provocó tensiones a principios de este año con el desalojo de Margarita, que fue ejecutado por la Policía Portuaria y la Guardia Civil. Esto despertó la movilización de colectivos vecinales como Derecho al Techo y de plataformas como Mi barco, mi casa, que denuncian la falta de alternativas habitacionales en plena crisis del alquiler en Canarias.
Sin amarre alternativo
Ante las reclamaciones de los tres propietarios rebeldes, quienes han exigido un nuevo punto de atraque provisional mientras duren las obras de mejora de los pantalanes, la Autoridad Portuaria que preside Beatriz Calzada se mantiene inflexible.
El organismo ha denegado la reubicación de los tres barcos por dos motivos: concederles un nuevo amarre supondría legitimar el uso residencial prohibido por la normativa y una contradicción legal flagrante que va en contra de propios actos de la administración, pues estas embarcaciones cuentan con resoluciones firmes de expulsión del recinto.
A la espera
A día de hoy, el reemplazo del pantalán T queda a expensas de los plazos judiciales. La Autoridad Portuaria ya ha cursado ante los tribunales la solicitud de autorización judicial para la entrada y retirada forzosa de los barcos.
Hasta que el juez se pronuncie sobre el desalojo, la reforma estructural de la marina de Las Palmas continuará secuestrada por el pulso de los dueños de estas tres embarcaciones.