El futuro de la Fundación Puertos de Las Palmas pende de un hilo. A pesar de los esfuerzos de su nueva gerencia por activar un plan de choque y presentar la entidad como un organismo revitalizado, un obstáculo insalvable de 2,3 millones de euros arrastrado desde hace décadas amenaza con frustrar su supervivencia y empujarla a la disolución definitiva.

Así lo recoge una auditoría interna realizada en abril por Puertos del Estado. La conclusión es clara: la Fundación se encuentra atrapada en un laberinto normativo y financiero de muy difícil salida.

El dilema de los patronos

La estrategia de la Fundación para evitar el cierre se basa en su aparente éxito para captar capital privado. La entidad destaca que en el último ejercicio logró aumentar sus ingresos procedentes de patronos y colaboradores, alcanzando una financiación total de 285.000 euros anuales gracias a las aportaciones directas.

Entre las contribuciones de los patronos privados destacan compañías como Hamilton & Cía, Astilleros Canarios (Astican) y Boluda Corporación Marítima, que aportaron hasta 30.000 euros cada uno en 2025, mientras que la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport), el Centro Portuario de Empleo y Oneport sumaron 5.000 euros por entidad.

También han colaborado sociedades como Petróleos de Canarias, Cementos Especiales, Repnaval, Peninsula Petroleum, Fundación DISA y Oryx Iberia, con aportaciones de 10.000 euros por cabeza, entre otras contribuciones hasta llegar a esos 285.000 euros anuales.

Sin embargo, este flujo de dinero privado es insuficiente para lograr su salvación jurídica. Para que la entidad cumpla la Orden Ministerial HAP/1816/2013 y deje de ser considerada una fundación pública estatal, la Ley 40/2015 exige que los socios privados aporten de forma adicional el dinero necesario hasta superar el 50% de su dotación fundacional o patrimonio.

Un reforma envenenada

El problema es que Puertos del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) exigen que una aportación de 2.317.024 euros realizada en 1997 por la Autoridad Portuaria se compute como patrimonio fundacional público. Este dinero se destinó a la reforma del edifico que alberga la sede actual.

Al mantener el Estado este criterio, las cuotas de los empresarios no resuelven el problema de fondo, que es la devolución del inmueble cedido y la finalización de la concesión. Esto está previsto que ocurra en 2028, pero es improbable que los inversores privados compensen esos 2,3 millones para reconvertir la Fundación y eliminar la parte pública.

Factores que empujan a la liquidación

Al margen del conflicto patrimonial, un análisis pormenorizado del escenario actual deja claro que el riesgo de disolución forzosa es real e inminente, pues la propuesta de cierre no es una advertencia rutinaria de Puertos del Estado.

En virtud del artículo 96 de la Ley 40/2015, la Oficina Nacional de Auditoría y el Interventor Regional de Canarias han dictaminado formalmente que la subsistencia de la entidad ya no es idónea y que el mejor camino a seguir es la liquidación.

Las cuentas de la Fundación, además, están en números rojos. Lejos del equilibrio que defiende la gerencia, la auditoría destapa pérdidas consecutivas de 138.660 euros en 2024 y de 128.115 euros en 2025.

Asfixia económica

Otro aspecto determinante es que la mayor parte de la facturación procede del alquiler a terceros del edificio cedido por la Autoridad Porturia de Las Palmas (APLP), en total 319.650 euros anuales, y la concesión administrativa de este inmueble vence en abril de 2028. En esa fecha, el activo revertirá automáticamente a la Autoridad Portuaria, lo que privará a la Fundación de más del 60% de sus ingresos ordinarios y provocará una disminución drástica y letal en su presupuesto.

La gerencia considera que esa falta de ingresos quedará compensada al liberarse de los elevados gastos para mantener un edificio obsoleto, pero los auditores prevén un impacto importante, sobre todo tras detectar este 2025 un aumento de contratos menores y patrocinios, la mayoría destinados a promoción institucional. Por eso exigen un plan de viabilidad urgente.

Tampoco es baladí que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, respaldado por los informes técnicos, ha rechazado asumir el proyecto de transformación de la entidad, dejándola administrativamente aislada frente al Ministerio de Hacienda.

Anomalías y descontrol interno

A todo esto se suma el informe definitivo de fiscalización, que destapa un catálogo de irregularidades de gestión interna importantes. Entre ellas destaca la contratación ilegal de la nueva gerente, Betsabé Morales. Su nombramiento se hizo a propuesta directa de la APLP en marzo de 2025, sin seguir el procedimiento obligatorio de convocatoria pública ni contar con las autorizaciones previas de Hacienda y el informe preceptivo de la Abogacía del Estado.

En los recibos salariales de la propia gerente, los auditores detectaron el cobro de conceptos inexistentes en su modalidad contractual (plus de superior categoría), la omisión de retribuciones en especie no aprobadas (seguro médico) y graves errores de cálculo en las pagas extras.

Plantilla fantasma

También denuncian que la plantilla estructural autorizada de tres puestos se encuentra totalmente vacante tras una serie de extinciones de contratos y una excedencia voluntaria aprobada de forma irregular. Además, la gerencia se negó a facilitar el desglose del cálculo de los 117.265 euros pagados como indemnización a la anterior gerente.

Los auditores estuvieron tres días en el Puerto de Las Palmas y descubrieron en enero que el adjudicatario de un contrato menor de consultoría empresarial realiza tareas administrativas ordinarias de la Fundación, lo que genera un alto riesgo de demanda por fraude laboral. Se trata de Marcial J. Rodríguez de León, actual secretario de Cultura de Coalición Canaria (CC), partido al que pertenece la gerente, Betsabé Morales, y la presidenta de la APLP, Beatriz Calzada, con cargos también en la dirección orgánica de la formación nacionalista.

Contratos menores y patrocinios

Asimismo se han detectado posibles fraccionamientos de contratos con empresas de trabajo temporal para esquivar los límites legales de licitación, expedientes duplicados, presupuestos sin fechas y la concesión de patrocinios a actividades que no guardan ninguna relación relevante con los fines marítimo-portuarios de la institución, como entrenamientos personales vinculados a una maratón, la campaña de Reyes o las diferentes fiestas patronales de La Isleta.

Por todo ello la Fundación Puertos de Las Palmas se encuentra en un callejón sin salida: la liquidación forzosa se perfila como su única salida porque está atrapada bajo el peso de 2,3 millones que bloquean su privatización, arrastra pérdidas, graves anomalías laborales y la pérdida de su edificio en 2028.