La gratuidad del transporte público en Canarias ha logrado atraer a miles de nuevos usuarios y consolidar un cambio de hábitos en la movilidad diaria, pero el informe presentado por el Gobierno autonómico —bajo el título Movilidad Pública Transformada: hábitos, impacto de la gratuidad y oportunidades de mejora en el uso del transporte público colectivo en guaguas en Canarias— revela también una serie de problemas estructurales que no han sido corregidos y que amenazan la calidad del servicio si no se actúa con rapidez.

Más allá del respaldo social a la gratuidad y del ahorro económico que supone para la población, el estudio detecta una creciente sensación de saturación, desigualdad territorial y falta de adaptación tecnológica, especialmente visible entre los usuarios habituales y en las islas no capitalinas.

Guaguas llenas

Uno de los aspectos más críticos es la sobrecarga del sistema en horas punta, donde numerosos usuarios aseguran quedarse en tierra porque las guaguas llegan llenas o verse obligados a realizar trayectos largos de pie. Esta situación se repite con especial intensidad en líneas interurbanas y rutas estratégicas hacia zonas laborales y sanitarias, afectando sobre todo a quienes dependen del transporte público para trabajar, estudiar o acudir a consultas médicas.

El informe también pone el foco en una brecha territorial persistente. Las personas usuarias perciben diferencias claras entre zonas turísticas y no turísticas, así como entre áreas capitalinas y rurales. Mientras en algunos corredores del sur de las islas se concentran flotas más modernas y frecuencias más altas, en el norte y en municipios periféricos se denuncian vehículos antiguos, menor accesibilidad y horarios poco funcionales, lo que limita la igualdad real en el acceso a la movilidad.

Marquesinas deficientes

Especialmente llamativo es el diagnóstico sobre las infraestructuras complementarias, como las marquesinas. En muchas localidades, sobre todo fuera de las capitales, los usuarios denuncian paradas sin protección adecuada frente al sol o la lluvia, una carencia que afecta de manera directa a personas mayores o con movilidad reducida y que refuerza la sensación de abandono del servicio en determinadas zonas.

Otro de los déficits señalados es el retraso tecnológico del sistema. El estudio recoge una frustración generalizada por la falta de información fiable en tiempo real. Las aplicaciones móviles y paneles informativos no reflejan con precisión retrasos, incidencias o cambios de horario, lo que dificulta la planificación de los desplazamientos y reduce la confianza en el servicio, especialmente entre los nuevos usuarios habituados a soluciones digitales en otros ámbitos.

A esta carencia se suma una crítica recurrente a los sistemas de pago, ante la imposibilidad de abonar el billete con tarjeta bancaria, una limitación que muchos usuarios consideran obsoleta y problemática de cara al futuro, cuando la gratuidad pueda modificarse o desaparecer.

¿Desplazamientos esenciales?

El informe recoge además una tensión social emergente: parte de los usuarios habituales percibe un uso “excesivo” del transporte público para trayectos muy cortos o de ocio, lo que incrementa la saturación y perjudica a quienes dependen de la guagua para desplazamientos esenciales. Sin cuestionar la gratuidad, estos usuarios reclaman una mejor gestión de la demanda y un refuerzo real del servicio.

En conjunto, el estudio dibuja un escenario claro: la gratuidad ha funcionado como palanca social y de cambio de hábitos, pero ha dejado al descubierto las debilidades históricas del transporte público en Canarias. Sin inversión en flota, frecuencias, tecnología e infraestructuras, el éxito de la medida corre el riesgo de convertirse en un problema estructural que desgaste la confianza ciudadana en el sistema.

Pulso entre administraciones

El éxito de la gratuidad del transporte público en Canarias ha destapado un conflicto político y financiero de calado entre el Estado y los cabildos insulares. El estudio sobre hábitos de uso presentado por el Gobierno autonómico confirma que la medida ha disparado la demanda y ha consolidado el abandono del coche privado, pero también evidencia que ese crecimiento no ha venido acompañado del refuerzo estructural necesario.

Frecuencias insuficientes, saturación en horas punta, carencias tecnológicas y desigualdades territoriales se repiten de forma transversal, revelando un sistema tensionado por más usuarios y los mismos recursos.

Adelanto de fondos

Este diagnóstico coloca a los cabildos en una posición especialmente delicada. Como administraciones responsables de la gestión directa del transporte interurbano, se ven obligados a adelantar fondos para sostener una política estatal cuyo coste real supera la financiación comprometida y llega, además, de forma fragmentada y tardía. El informe descarta que los problemas respondan a un mal uso ciudadano y señala una causa estructural: más demanda sin inversión proporcional en flota, personal e infraestructuras.

En las islas no capitalinas, esta situación se agrava y amenaza con profundizar desigualdades. Así, la gratuidad deja de ser solo una política social para convertirse en un campo de batalla competencial, en el que los cabildos reclaman al Estado asumir el coste real de una medida eficaz cuyo desgaste político y presupuestario recae hoy sobre quienes gestionan el servicio día a día.