La gratuidad del transporte público en Canarias se ha consolidado como una de las políticas de movilidad más exitosas del Archipiélago, pero su continuidad y mejora se ven amenazadas por los retrasos y la insuficiencia de la financiación del Gobierno de España.
Así lo ha advertido la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, durante la presentación de un estudio sobre los hábitos de uso de las guaguas tras la implantación de los diferentes bonos gratuitos.
Sin financiación para mejoras
Fernández ha subrayado que, aunque la gratuidad cuenta con un respaldo legal hasta 2026 gracias a la Ley estatal de Movilidad Sostenible, la ausencia de presupuestos generales y los pagos tardíos están perjudicando la posible inversión de las Islas en la mejora de los servicios, como aumento de frecuencias, compra de nuevas guaguas, mejora de la puntualidad o las infraestructuras.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo desde el Gobierno de Canarias y los cabildos, pero si la gratuidad no se paga bien y en tiempo, seguiremos limitando nuestra capacidad para responder a lo que la ciudadanía nos está pidiendo”, ha señalado.
Impacto positivo de la gratuidad
El estudio presentado, basado en encuestas realizadas a más de 800 personas usuarias en islas capitalinas y no capitalinas, revela que uno de cada cuatro usuarios actuales se anima a coger la guagua gracias a la gratuidad, y que más del 30% ha dejado de usar el vehículo privado en alguno o en todos sus desplazamientos habituales, porcentaje que se eleva en las islas no capitalinas.
Además, el 81,9% de las personas encuestadas afirma que la gratuidad ha supuesto un ahorro económico significativo, mientras que casi el 95% considera que facilita el acceso al trabajo, los estudios o las gestiones cotidianas.
Lejos de ser una “moda pasajera”, el uso del transporte público se ha consolidado: la media es de 16 viajes semanales, con un alto grado de fidelización y satisfacción, ya que el 86% aprueba el servicio.
Problemas de saturación
Este impacto positivo también ha generado problemas de saturación, sobre todo en horas punta. La encuesta recoge que la principal queja de los usuarios no es la gratuidad en sí, sino la falta de refuerzo de líneas, la conectividad y la puntualidad. De ahí la necesidad de mejora.
No obstante, Fernández ha reiterado que esos aspectos no se están pudiendo cubrir por culpa de la financiación estatal. “Cuando los cabildos tienen que destinar su presupuesto a sostener la gratuidad hasta finales de año, se les resta margen para invertir en nuevas guaguas y en mejorar el servicio”, ha explicado.
Presupuesto para la gratuidad en 2026
Según ha expuesto la directora del área, el coste real de la gratuidad del transporte público en Canarias superó los 160 millones de euros en 2024, una cifra por encima de la dotación inicial prevista por el Estado.
Para 2026, la partida presupuestaria era de 81 millones, aunque al final se ha ampliado hasta 120 millones tras un acuerdo en el Consejo de Ministros, ha apuntado. No obstante, Fernández ha advertido que este incremento no se abonará de una sola vez, sino en partidas divididas en distintos años — primero 78 millones y luego 48 millones —. Es este panorama el que obliga a los cabildos a adelantar fondos propios.
Que el Gobierno de España cumpla
Desde el Ejecutivo autonómico insisten en que la gratuidad no es solo una medida social, sino una herramienta clave de movilidad sostenible, fundamental para reducir atascos, emisiones y dependencia del coche privado en un territorio con escasa intermodalidad.
Es por ello que reclaman al Gobierno de España que cumpla con su compromiso financiero y garantice el 100% del coste real del sistema. De lo contrario, según Fernández, Canarias corre el riesgo de no poder consolidar una política que ha demostrado su eficacia e impacto, tanto en la población como en la movilidad.
Apuesta por la movilidad sostenible
Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, destacó que el crecimiento del uso de la guagua en Canarias es el resultado de una apuesta continuada por la movilidad sostenible desde 2018, iniciada con el bono residente y reforzada después con la gratuidad.
Recordó que este cambio situó por primera vez al Gobierno autonómico como actor clave del transporte colectivo terrestre, logrando incrementos de usuarios muy por encima de la media estatal.
Estrategia integral de movilidad
Rodríguez subrayó que la gratuidad forma parte de una estrategia integral de movilidad, que incluye la futura Ley Canaria de Movilidad Sostenible —prevista para su tramitación parlamentaria en 2026—, la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (ENSICAM) y el impulso a los planes de movilidad urbana e insulares.
En este sentido, el consejero insistió en que los problemas de congestión “no se resuelven solo construyendo carreteras”, sino con un uso más eficiente de las infraestructuras y una coordinación entre administraciones.