El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto-ley que prorroga los beneficios fiscales y otras medidas para seguir ayudando a empresas y ciudadanos afectados a hacer frente a la situación excepcional ocasionada por la erupción volcánica registrada en la isla de La Palma hace un año.
Esta iniciativa, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, se incluye dentro del Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, que publica hoy el Boletín Oficial del Estado.
“El Gobierno de España sigue dando muestras de no olvidarse de la población y del tejido productivo de la isla de La Palma, cuando se ha cumplido ya un año de la finalización de la erupción volcánica en Cumbre Vieja. Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado una batería de medidas que no solo extienden algunas de las iniciativas adoptadas, sino que también realizan pequeños ajustes en las existentes para ampliar sus beneficios”, afirma el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.
Moratoria de préstamos
En concreto, el Real Decreto-ley 20/2022 mantiene la moratoria de préstamos hipotecarios y no hipotecarios para las personas afectadas que la hubieran solicitado, prorrogada por seis meses más, incluyendo el principal y los intereses.
La norma extiende además la condición de beneficiarias de las ayudas por daños materiales en la vivienda habitual por la erupción volcánica a las unidades familiares o de convivencia económica cuando ninguno de sus integrantes ostente la propiedad del inmueble, pero, al menos, uno de ellos sea titular del usufructo sobre dicha vivienda.
Otras medidas
Se prorrogan asimismo los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para La Palma a las zonas que se mantienen desalojadas, que no han sido sepultadas por la lava, pero en las que las mediciones de gases realizadas por el Instituto Geográfico Nacional impiden que los afectados puedan volver a sus casas o reabrir sus negocios y a los inmuebles que no han quedado sepultados, pero sí aislados por la lava, por lo que los propietarios aún no han podido acceder ni vivir en ellos.
Otra de las medidas acordadas en Consejo de Ministros afecta a los expedientes de regulación temporal de empleo derivados de las situaciones de fuerza mayor provocadas por la erupción volcánica que todavía están dando cobertura a un número considerable de trabajadores de empresas que aún no han podido retornar a la actividad, disponiéndose de nuevo la prórroga de las medidas extraordinarias ya previstas para paliar dicha situación hasta el 30 de junio de 2023.
Asimismo, se establece que los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el 31 de diciembre de 2022 la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el apartado dos del artículo 26 del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, a partir del 1 de enero de 2023 podrán seguir percibiéndola.