La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) redobla su presión sobre el Centro Comercial Sotavento, un espacio situado en el Muelle Deportivo que la dirección del puerto quiere recuperar debido a la deuda acumulada y al vencimiento de la autorización concedida para ocupar el dominio público portuario.

El director de la APLP, Francisco Trujillo, considera cumplidos todos los trámites administrativos previos del desahucio voluntario, por lo que pide ahora autorización al Consejo de Administración para proceder al desalojo "forzoso" del centro comercial.

Empresas y locales

Los negocios afectados son el restaurante Allende, que ocupa los locales 9 y 12; la sociedad Canarias Óptima Profesional, que está en el local 4; la Escuela de Hostelería Europea, que regenta cuatro locales, y la tienda de buceo Fifo Diving, que desarrolla su actividad en los locales 15 y 16.

Todos esos negocios forman parte de la mercantil Explotaciones Sotavento, que es la administradora del centro comercial. La compañía, en septiembre de 2024, debía a la APLP 463.000 euros, iniciándose por ese motivo la tramitación de los expedientes de desahucio

A la fuerza

En un primer momento se llegó a acuerdo para liquidar la deuda y seguir con la actividad, pero Explotaciones Sotavento incumplió los plazos de los ingresos y el puerto siguió adelante con los procesos administrativos para recuperar el centro comercial, cuyo título para ejercer la actividad era provisional y está caducado desde el 31 de julio de 2023.

Ahora, tras cumplirse con las notificaciones del cese voluntario de la actividad y de los plazos de las alegaciones, el conflicto entra en una nueva fase. El siguiente paso es proceder al precinto "forzoso" de las instalaciones y su desalojo.

Propuesta

Así lo recoge la propuesta que el director del Puerto ha elevado a los consejeros, que se reúnen este jueves para debatir y votar el orden del día.

Si la resolución sale adelante, lo normal es que se conceda otros 10 días al Centro Comercial para que cese la actividad y devuelva las instalaciones, pasando a actuar de oficio la administración si incumplen ese último requerimiento, previa comunicación al juzgado correspondiente. 

También cabe la posibilidad de que los afectados recurran las resoluciones de la administración y pida medidas cautelares para bloquear los cuatro desahucios administrativos.

A esto hay que sumarle los expedientes tramitados para expulsar a los barcos vivienda del Muelle Deportivo, que están en la misma fase de ejecución que el Sotavento y deben votarse por los consejeros.