El Gobierno de Canarias avanza en un decreto que prevé sanciones para los demandantes que rechacen una oferta laboral o un curso de formación. La medida fue anunciada por la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, durante un foro organizado por Canarias 7. 

La norma incluirá causas justificadas como la conciliación, el cuidado de dependientes, enfermedades o la distancia con el centro formativo, pero los rechazos que no cumplan estos supuestos podrían llevar a la suspensión de la prestación de desempleo.

Según el Ejecutivo, esta medida busca responder a la falta de mano de obra denunciada por las empresas pese a una tasa de paro cercana al 15%.

Orden ministerial

De León asegura que la Ley General de Empleo permite estas sanciones y que Canarias intentó desarrollarlas hace un año. Sin embargo, el proceso se paralizó tras el anuncio de la ministra Yolanda Díaz de que aprobaría una orden ministerial para unificar criterios.

Transcurrido más de un año sin avances estatales, el Ejecutivo autonómico retoma el decreto con la intención de cumplir la norma de forma "estricta" y disuadir a quienes rechazan integrarse en el mercado laboral para mantener prestaciones.

Marco común

La suspensión de la prestación es una medida que ya recoge la normativa estatal. Sin embargo, la consejera de Empleo Jessica de León asegura que, hasta el momento, no se ha hecho efectivo el cumplimiento de la norma dictando un marco común de actuación para todas las comunidades.

De León sostiene que rechazar formación online o con becas para desplazamientos resulta difícil de justificar, especialmente cuando los perfiles podrían mejorar su acceso a nuevas ofertas laborales.

La Confederación Canaria de Empresarios considera que el decreto reforzará la responsabilidad entre empleo y formación, y defiende que ayudará a reducir el paro estructural.

"Un disparate"

Pero los sindicatos discrepan: UGT Canarias tilda el decreto de “disparate”, para su vicesecretario general de Organización y Comunicación, Héctor Fajardo, se trata de una “maniobra de represión contra la clase trabajadora”. “No es que la gente no quiera trabajar es que las condiciones y ofertas que se hacen no se ajustan a la realidad económica y social y que vivimos. Viviendas cada vez más caras, la cesta de la compra por las nubes, horas de traslado que imposibilitan la conciliación familiar, son algunos de los aspectos que la patronal y el Gobierno no están teniendo en cuenta”.

 Desde CCOO, Esther Ortega coincide en que es comprensible rechazar un empleo cuando se ofrece media jornada por unos 600 euros frente a una prestación de 1.200.