La reducción de jornada laboral, que da sus primeros pasos en firme para llegar a buen puerto, podrá beneficiar a 620.000 canarios que hasta el momento trabajan 40 horas semanales. O, lo que es lo mismo, un 70% de la población asalariada. Se trata de una de las comunidades donde más se notará junto a otras como Andalucía o Cataluña.
Las cifras, ofrecidas a Atlántico Hoy por Comisiones Obreras (CCOO), reflejan que una buena parte de los trabajadores en las Islas podrán irse a casa antes si el Congreso de los Diputados da su visto bueno durante la votación que tendrá lugar en las próximas semanas.
Otras economías
“Ya tocaba”, exclama Inocencio González, el secretario general del sindicato en el Archipiélago. Se refiere al anteproyecto que aprobó este martes el Consejo de Ministros para que, por ley, no se trabaje por encima de las 37,5 horas cada semana —lo que supone una disminución de 30 minutos diarios—.
Señala que hay otras economías donde se aplica desde hace tiempo y no han tenido consecuencias negativas. Héctor Fajardo, responsable de organización de UGT en las Islas, señala que Canarias es una de las regiones donde más impacto puede tener la medida porque predomina el sector servicios a través del comercio y la hostelería —donde aún no se ha producido una reducción—. Las cifras que maneja son similares, en torno al medio millón de trabajadores que se beneficiarían.
Sector primario
También tendrá su efecto en el convenio de oficinas y despachos, así como en el acuerdo colectivo regional del campo. “El sector primario es de gran importancia”, apunta Fajardo. El representante sindical pone sobre la mesa que la reducción de la jornada favorece la conciliación y se puede dar la circunstancia de que aumenten los días de descanso.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que esta medida servirá para “modernizar” el país y aseguró que “hoy es un día histórico”.
Mejora del consumo
El número de trabajadores canarios en 2023 que trabajaba en el sector privado 40 horas a la semana —no hay datos más recientes— es de 512.106. En cambio, solo el 22% de los trabajadores trabajaba menos de ese tiempo.
Héctor Fajardo destaca que reducir la jornada, aumenta el valor de la hora trabajada y mejora el consumo. “Si hay más ocio, se contribuye al fortalecimiento de la economía”, expone. Pone como ejemplo la subida del salario mínimo y subraya: “Lejos de destruir empleo como advertían las patronales, se ha consolidado”.
Proceso
El siguiente paso para la reducción de jornada es que haya una segunda vuelta en el órgano de gobierno para después llevarlo al Congreso de Los Diputados, donde hará falta una mayoría. Por el momento el Partido Popular (PP) se opone, por lo que la llave la tiene Junts, uno de los socios del Gobierno central que más difícil se lo está poniendo al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Inocencio González espera que el procedimiento no sea igual que el vivido para sacar adelante el decreto ómnibus, donde la oposición votó en contra a pesar de incluir ayudas para los afectados por el volcán de La Palma, la dana de Valencia o una subida de las pensiones.
La patronal
Resalta que “detrás de un trabajador hay una familia”. “No solo se trata de conciliación, vendría bien para reforzar el consumo interno de nuestro país”, apostilla. Bajo su punto de vista, se debe hacer “ahora o nunca” porque “las empresas no se van a arruinar”.
José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), tiene una opinión distinta. “Es un problema porque afecta a más regiones que a otras”, señala en declaraciones a este periódico. “Es una reducción que ha sido impuesta sin acuerdo con la patronal”, comenta.
Las pymes
“Perjudica más a Canarias que a otras comunidades porque el sector servicios no cierra nunca. Aumentan los costes laborales un 6% y se puede dar contratación de personal para cubrir las vacantes”, reflexiona García. Considera que es una medida arbitraria que reduce la competitividad de las empresas.
El representante de la patronal en el Archipiélago asevera que no es lo mismo una gran empresa que una pequeña —teniendo en cuenta que las pymes ocupan más del 90% del tejido productivo de las Islas—. “Muchas se verán en la obligación de cerrar”, lamenta.
García protesta porque, dice, se han vulnerado el diálogo y la constitución. “Lo que ha habido es un monólogo [apunta sobre la actitud del Gobierno de España]”, añade. A modo de conclusión, sostiene que el punto medio ideal habría sido aquel que permitiera el acuerdo entre patronal y sindicatos sin la interferencia de la administración.