La Reforma Laboral: un problemón para los Inspectores de Trabajo

La inspectora de Trabajo y Seguridad Social y Delegada de personal de Tenerife por el sindicato CSIF, Aída Barragán, explica el porqué de la huelga y la situación en Canarias

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Aída Barragán, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, y Delegada de personal de Tenerife por el sindicato CSIF. / Cedida
Aída Barragán, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, y Delegada de personal de Tenerife por el sindicato CSIF. / Cedida

El próximo 30 de marzo, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social se van a la huelga ante las promesas incumplidas por el Ministerio de Empleo y Economía Social desde el pasado 7 de julio. Unas promesas de aumento de plantilla que no se han visto refrendadas por las que, desde el sector afectado, se ha sentido en la obligación de dar el paso de las movilizaciones tras más de un año reclamando mejoras por el bien del colectivo, con afección relevante en Canarias.

“Estamos bastante saturados en nivel de expedientes”, confiesa a Atlántico Hoy Aída Barragán Allende, inspectora de Trabajo y Seguridad Social y Delegada de personal de Tenerife por el sindicato CSIF. “En la provincia de Santa Cruz de Tenerife tenemos falta de personal administrativo acuciante, porque tenemos muchas jubilaciones en junio y no están reponiendo puestos de trabajo. En Las Palmas, los inspectores y subinspectores tienen mucha carga de trabajo y el personal administrativo también falta”, añade haciendo referencia al peligroso futuro del sector. “El problema es lo que se nos avecina, cuando entre la Reforma Laboral y el Plan Estratégico de Trabajo 2021-2023”.

Mayor carga de trabajo

Se refiere Barragán a la consecuente entrada de nuevas comprobaciones de contratos y que se va a sancionar por cada contrato temporal mal realizado. Eso supondría mayor carga de trabajo. “Asumir el nuevo desarrollo normativo y la Reforma Laboral que pudiera salir del Parlamento es la promesa que se nos hizo a cambio de aprobar una nueva relación de puestos de trabajo” que, en principio, no parece que vaya a llegar.

Ese acuerdo se alcanzó el 7 de julio y no se ha llevado a cabo porque -según explica Aída Barragán- al Ministerio de Trabajo y Economía Social, el de Hacienda y Función Pública no se lo aprueba. “Han conseguido un remanente presupuestario, pero, a pesar de que existe el acuerdo, no lo llevan a cabo”.

Conversaciones en enero de 2021

Desde entonces, critica la delegada de personal de Tenerife del CSIF, “solo ha habido dos o tres reuniones y promesas falsas”. Antes, las conversaciones hasta llegar a ese superfluo acuerdo habían comenzado en enero de 2021. “Fue un proceso negociador entre cuatro sindicatos y cuatro asociaciones profesionales”.

Recuerda Aída Barragán que esas conversaciones iniciadas en enero fueron consecuencia de los problemas provocados por la pandemia de la COVID-19 en el sector laboral. “Con los ERTE a veces nos veíamos sobrepasados; nos asignaron que teníamos que comprobar si los establecimientos cumplían con los requisitos COVID, que era competencia de Sanidad; a los subinspectores de empleo se les ampliaron competencia en materia de contratos…”, enumera resignada.

Ahora, había una previsión de ampliar competencias a los subinspectores en materia de horarios “y a los inspectores de trabajo, con la reforma laboral, se les iba a ampliar los contratos y los convenios colectivos, que vuelven a estar vigentes y tenemos que comprobar toda esa normativa y seguir combatiendo la precariedad laboral”.

Labores diarias

Para comprender la magnitud de la carga de trabajo a la que se enfrenta el sector, Barragán explica las labores diarias que realiza este colectivo. "Nos entran los expedientes y los comprobamos. Hay días que los dedicamos para hacer visitas y el resto a redactar expedientes y a concluirlos", expone. "También hacemos informes de convenios colectivos, controlando la legalidad y la no discriminación en relaciones laborales. Planes de acoso, planes de igualdad… Nos dedicamos a revisar los contratos y ver las faltas de las altas, ver que se cumplen con los horarios, horas extraordinarias… Está habiendo mucho fraude porque a trabajadores se les ha obligado a hacer excesos de jornadas que no están declarados a la Seguridad Social", resalta.

Además, destaca la importancia de tener un personal administrativo que les respalde para poder hacer bien el trabajo. "Hacemos funciones multidisciplinares que son competencia del Estado y la Comunidad Autónoma y quiero dejar claro que somos funcionarios adscritos al Ministerio de Trabajo, no del Estado y la Comunidad.