Tras varios meses de espera, este lunes el Consejo de Gobierno de Canarias aprobaba el esperado decreto del plátano. Una norma de la que según dijo el presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan), José Carlos Rendón, van a estar pendientes y la cual "van a apoyar" esperando "que se cumpla".
Se buscan así establecer nuevas reglas sobre cómo se reparten las ayudas a los productores de plátano poniendo limite a la cantidad de producción por hectárea que puede recibir ayuda o ampliar el periodo de revisión de las ayudas de dos a tres años. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
Opiniones cruzadas
Desde el comienzo de los trámites, este decreto ha generado opiniones cruzadas. Mientras que el Parlamento de Canarias lo apoyó de forma unánime al igual que las asociaciones agrarias profesionales y algunas cooperativas, a la mayoría de organizaciones de productores de conforman Asprocan y a su actual presidente no les termina de convencer.
Rendón apuntó ante los medios de comunicación que aunque siempre que se saca un decreto no es "a gusto de todos", ahora lo que tienen que hacer es "apoyar su funcionamiento con la idea que han tenido".
"Hay cosas más importantes sobre la mesa"
El presidente apuntó que, como el decreto recoge muchas medidas, hay que estar pendientes de que funcionen. "Si funcionan las medidas, pero no cumple el objetivo, algo está fallando. Y si no se consigue ese objetivo, la Consejería tiene potestad para moldearlo y que se cumpla lo que han planteado, sobre todo para quienes vieron bien el decreto. Hay cosas más importantes sobre la mesa", aseguró refiriéndose a las ayudas europeas del POSEI, por ejemplo.
Lo que hará el decreto
El pasado año, el Parlamento canario aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley (PNL) para definir el reparto de las ayudas que vienen de Europa --41,1 millones de euros al año--. Entre las cuestiones debatidas está el límite máximo --anteriormente libre-- para cada productor así como un período de revisión más largo con tres años en lugar de dos para "una amortiguación del ritmo de descenso de las cantidades ya asignadas", según recogía el documento.
A ello se une la disposición adicional única con la excepción para las personas afectadas por el volcán, entre otras.