El sector comercial canario se ha unido para reclamar al Gobierno de Canarias la eliminación de la franquicia fiscal del IGIC que actualmente permite que determinados envíos de comercio electrónico de menos de 150 euros entren en las Islas sin tributar impuesto indirecto. La petición se ha formalizado a través de un escrito en el que confluyen representantes del pequeño, mediano y gran comercio, con el objetivo de trasladar una posición común ante una medida que consideran lesiva para la competencia.

La petición llega después de una reunión bastante provechosa mantenida con el Ejecutivo autonómico, en la que participaron el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez; y la consejera de Hacienda, Matilde Asián. El movimiento se presenta como una reclamación del conjunto del comercio como un intento de aprovechar el nuevo escenario europeo para corregir una situación que el sector entiende que ha dejado al comercio local en desventaja frente a las grandes plataformas digitales.

Un frente común del comercio

El problema que denuncian es que las tiendas establecidas en las Islas aplican el IGIC en sus ventas, mientras que una parte de las compras realizadas a través de plataformas de comercio electrónico se beneficia de una exención cuando el valor del envío no supera los 150 euros.

El sector sostiene que esta diferencia genera una asimetría fiscal que altera las condiciones de competencia. El problema no se limita al precio final que paga el consumidor, sino al efecto acumulado sobre el tejido comercial canario, que soporta costes laborales, fiscales y de actividad en el Archipiélago frente a operadores externos que venden en el mercado insular con una carga tributaria menor en determinados envíos.

El cambio europeo como punto de inflexión

Se abre ahora una ventana de oportunidad para revertir esta situación por los cambios previstos en la normativa europea para los envíos de bajo valor. A partir del 1 de julio de 2026, el nuevo marco comunitario elimina la franquicia arancelaria de 150 euros, introduce un gravamen fijo por línea declarativa y generaliza la declaración aduanera obligatoria para este tipo de operaciones.

Para el comercio canario, esa fecha marca un antes y un después. Su tesis es que, si Europa avanza hacia un mayor control fiscal y aduanero de los pequeños envíos, Canarias no debería mantener una exención del IGIC que, a su juicio, ya no responde a las circunstancias técnicas que justificaron su implantación. La posición del sector es que el Archipiélago corre el riesgo de quedar desalineado con la política europea si no actualiza su propio sistema.

Una reclamación que viene de lejos

La controversia no es nueva. En los últimos años, el comercio canario ha insistido en que la exención para compras online de bajo valor favorece especialmente a las grandes plataformas y perjudica a los negocios que operan físicamente en las Islas. En 2025, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ya defendió que la decisión europea de eliminar el umbral de 150 euros debía acelerar una revisión equivalente en Canarias.

El propio Parlamento de Canarias aprobó en 2022, por unanimidad, una proposición no de ley que instaba a proteger al comercio local ante los efectos de esta franquicia. Sin embargo, el sector considera que el nuevo calendario europeo convierte ahora esa reclamación en una cuestión más urgente, al coincidir la presión empresarial con un cambio regulatorio que afecta al conjunto del comercio electrónico.

La petición al Gobierno canario

El escrito presentado al Ejecutivo autonómico solicita que Canarias defina una posición oficial antes del 1 de julio de 2026 y que impulse la supresión de la exención del IGIC para los envíos de bajo valor. El sector también plantea que el nuevo sistema debería permitir la tributación en origen, de forma que el impuesto se liquide en el momento de la compra y no genere cargas administrativas añadidas para el consumidor.

La propuesta busca evitar que la eliminación de la franquicia se traduzca en más trámites para los compradores. El modelo que defiende el comercio pasa por que las plataformas puedan recaudar el impuesto desde el inicio de la operación y trasladarlo después a la Hacienda canaria, una fórmula que, según el sector, permitiría igualar las reglas de juego sin penalizar la experiencia de compra.

Igualdad fiscal y comercio local

Los comerciantes vinculan esta reclamación con la defensa del empleo y de la actividad económica en Canarias. Según sus estimaciones, el sector comercial sostiene cerca de 160.000 empleos en el Archipiélago y convive con un volumen creciente de paquetería procedente del comercio electrónico, una parte de la cual entra actualmente sin pagar impuestos indirectos cuando se sitúa por debajo del umbral de los 150 euros.

La eliminación de la franquicia no se plantea como una subida fiscal, sino como una corrección de trato entre operadores que venden al mismo consumidor. El comercio canario reclama que quien compita en el mercado insular lo haga bajo condiciones equivalentes, con independencia de si la venta se produce desde una tienda física, desde un comercio local online o desde una gran plataforma externa.