El sector privado ha aprovechado la mesa redonda “Situación y retos del sector de la vivienda asequible” en el I Congreso de Vivienda de Canarias para mostrar disposición a invertir y a aumentar la oferta, pero denuncia que la inseguridad jurídica, los retrasos administrativos y la presión fiscal bloquean cualquier posibilidad de respuesta a la crisis habitacional.

Representantes de WIRES, ACEGI, TECTUM, la Asociación de Gestores de Cooperativas de Viviendas y Atlas Real Estate Analytics coincidieron en que el mercado está “tensionado” porque las administraciones no permiten que la cadena productiva funcione con normalidad.

Procesos administrativos

La vicepresidenta de WIRES, Ariadna Belver, abrió el diagnóstico señalando el origen de la desconfianza del sector: “No se puede pedir inversión y cambiar las normas del juego durante la partida”. Belver recordó que las empresas que participan en proyectos públicos de vivienda necesitan estabilidad regulatoria y procesos administrativos previsibles. 

Y, según subrayó, hoy ocurre justo lo contrario: normas que se modifican mientras los proyectos están en marcha, trámites interminables y suelos que no llegan a estar disponibles a tiempo.

Para Belver, además, la urgencia se centra en disponer de más suelo, agilizar los trámites y “blindar” la vivienda protegida para que no pierda su función social. Según recordó, España tiene apenas un 2% de vivienda pública, frente al 10% europeo, por lo que pidió una colaboración público-privada real: “Si se incentiva el suelo y se reducen los tiempos administrativos, la inversión llegará”.

Inseguridad de los propietarios

Esa visión fue compartida por el presidente de ACEGI, Rafael Tarajano, quien enlazó directamente la falta de seguridad jurídica con la crisis de oferta: “Desde 2008 decidimos demonizar a quienes construían viviendas y lo rematamos con una Ley de Vivienda nefasta en 2023”. 

Según Tarajano, los propietarios temen poner sus inmuebles en alquiler ante la incertidumbre de los procesos judiciales en caso de impago, lo que retrae la oferta y provoca que miles de familias queden fuera del mercado. Una idea en la que también insistió Andrés Horcajada, CEO de TECTUM. Este panorama, según Tarajano, ha conducido a que Canarias no tenga un parque de vivienda saludable, ni de alquiler ni de compraventa. 

La fiscalidad actual 

Asimismo, Horcajada añadió que la fiscalidad actual para el sector privado es otro freno decisivo, aunque quiera seguir invirtiendo: “Es horrorosa. No promueve ningún tipo de vivienda”. 

Aunque el acceso a financiación es estable, sostuvo que la carga tributaria y el marco regulatorio desincentivan la promoción justo en un momento en el que más vivienda asequible se necesita.

Volver a la casilla de salida 

Desde el ámbito cooperativo, Juan José Perucho enlazó estas trabas con el que considera el verdadero bloqueo estructural: la falta de suelo licenciable allí donde existe demanda real. “Nosotros construiríamos mañana, pero no podemos”, resumió.

Explicó que incluso cuando los promotores están dispuestos a construir, se enfrentan a procesos urbanísticos tan fragmentados y prolongados que “parecen un parchís burocrático”. Proyectos que avanzan durante años pueden volver a la casilla de salida por un informe pendiente, lo que, unidos a la inseguridad normativa, genera un escenario en el que “nadie sabe realmente cuándo podrá empezar a edificar”.

Déficit de viviendas

En ese contexto, la idea de recurrir a las “viviendas vacías” como solución rápida tampoco convence al sector. El CEO de Atlas Real Estate Analytics, Alejandro Bermúdez, argumentó que la cifra de 3,8 millones de viviendas vacías es metodológicamente cuestionable y, sobre todo, poco útil: “La gran mayoría están en provincias que pierden población. No en Canarias ni en las zonas tensionadas”. 

Para Bermúdez, insistir en esa vía solo desvía la atención de lo esencial: Canarias necesita alrededor de 90.000 viviendas asequibles nuevas y eso solo será posible si se reducen los tiempos administrativos, se aumenta la edificabilidad y se establece un marco estable y predecible.

Propuestas del sector 

A lo largo del debate se repitió una idea: cada tramo de la cadena (suelo, licencias, fiscalidad, alquiler, financiación) está fallando por motivos distintos, pero todos tienen un denominador común: la falta de reglas claras y estables. 

De ahí que las propuestas de urgencia de los ponentes coincidieran en agilizar licencias y acortar procedimientos urbanísticos; aumentar la edificabilidad en suelos destinados a vivienda protegida — es decir, construir edificios de más plantas, por ejemplo —-; reformar la ley de suelo; comprar y rehabilitar vivienda existente para ampliar rápidamente el parque público; financiar cooperativas; apoyar la colaboración público-privada, y asegurar al propietario el cobro de la renta en casos de vulnerabilidad social.

Todas ellas medidas que en cierta forma ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias, que apuesta por la colaboración público privada, ha impulsado el Decreto 3/2025, que persigue activar suelos sin desarrollar, edificios inacabados y áreas tensionadas, entre otros aspectos.