En 2010, Juan Delgado Castillo, un vecino del pueblo de Barranco Hondo, en Candelaria (Tenerife) ganó una batalla energética y urbanística contra Endesa y el Ayuntamiento de Candelaria. En un terreno que se demostró de su propiedad y no de dominio público ejecutaron una línea subterránea que por sentencia debe ser retirada, pero tras 13 años la instalación sigue ahí. La falta de un nuevo proyecto ha imposibilitado el repliegue de la línea, una situación que puede estar a punto de cambiar.
Tras dos intentos fallidos, Endesa ha presentado ante la Dirección General de Energía un nuevo proyecto de trazado de la línea aérea y otro trazado de línea subterránea, así como las actuaciones para desplazar la línea que afecta a las propiedades de Delgado Castillo. Así, el “Proyecto reformado de nueva línea de media tensión “Barranco Hondo” a 20 kV entre el C.T. C404412 “Barranco Hondo 1” y el apoyo A405067”, como se denomina la actuación, ha solicitado la declaración de utilidad pública y está a la espera de ser declarada como tal.
Puesta en marcha de las obras
El proyecto en sí se basa en la ejecución de una nueva línea aérea de media tensión por el mismo trazado que la línea aérea inicial, una nueva línea subterránea de media tensión y las actuaciones para dejar fuera de servicio el tramo de línea subterránea de media tensión que discurre por las propiedades del vecino barrancohondero. Es decir, las obras que por sentencia vienen a solucionar las actuaciones que se llevaron a cabo hace casi dos décadas.
Tal y como se indica en los antecedentes del documento del proyecto, en 2005 el Ayuntamiento de Candelaria adjudicó a Endesa las obras necesarias para desarrollar el proyecto “soterramiento de líneas de media tensión entre apoyo A405067 y C.T. Cementerio Barranco Hondo”. Para poner en marcha el trazado se puso a disposición de la red suelo de dominio público y la obra se llevó a cabo.
Unas obras ilegales
Sin embargo, en 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estima un recurso de apelación del procedimiento que siguió el Ayuntamiento de Candelaria en la puesta a disposición de los terrenos de dominio público que fue anulado. Una decisión que el TSJC tomó “porque la administración sin archivar el primer expediente y notificarlo a la parte (...) procede a realizar la declaración de que dicho camino es de dominio público y a recuperarlo”. Por ello determinó la nulidad de la autorización administrativa.
Así fue necesaria la redacción de un nuevo proyecto que solucione los daños ocasionados en la propiedad del vecino y que atienda a las necesidades de las que parte el proyecto. En un primer momento se concedió la autorización administrativa a un nuevo proyecto que con el paso de los meses caducó. Posteriormente, en diciembre de 2015, Endesa presentó un nuevo proyecto que recibió la autorización administrativa pero que “fue posteriormente rechazado por la propiedad”.
Entonces se instó a elaborar otro proyecto para atender a la sentencia del TSJC, que es el que se encuentra actualmente sometido a información pública para su declaración de Utilidad Pública. Una vez se aprueben todos los trámites administrativos, “se prevé un plazo de realización de la obra de nueve semanas”. En total, las obras para remendar el error administrativo y poner en marcha el proyecto alcanzan una inversión de 18.674,35 euros.