Las cifras de ejecución son trágicas. A final de 2024, últimos datos disponibles, la Comunidad Autónoma de Canarias solo había ejecutado el 40% de los 1.727.125.880 euros asignados de los conocidos como fondos Next Generation. El dato es alarmante, porque el tiempo para justificar estos fondos o ha terminado o está a punto de terminar, lo que implicaría perder de golpe varios millones pensados para proyectos transformadores. Especialmente crítica es la situación en Transición Ecológica, que podría perder hasta 400 millones de euros.

Este área, gobernada por Mariano H. Zapata (PP), ha sido la tercera consejería que menos ha ejecutado los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pero también es la que más fondos tiene asignados (537 millones de euros). Entre abril y julio vencerán la mayoría de los programas adscritos a los fondos y, en caso de que no se hayan justificado, se perderán los fondos para ejecutarlos.

Solicitud de ampliación de plazos

Según Zapata, de los más de 500 millones asignados, solo se han justificado 161 millones de euros, “por tanto, el resto se encuentra en absoluto riesgo en este momento”, ha alertado el consejero este martes. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias quiere que se le amplíe el plazo para justificar las partidas hasta 2028: “Exigimos y pedimos y rogamos al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Comisión Europea una ampliación de plazo igual a la que ya han hecho instituciones como el IDAE”, ha implorado Zapata.

El consejero, de la mano de empresarios del sector energético, el que peor afrontaría la pérdida de los fondos, ha señalado que, según sus cálculos, “si nos ampliaran un año estos plazos podríamos llegar al 80% de ejecución de los fondos”. Zapata ha asegurado que la condición de región ultraperiférica de Canarias “hace que no tengamos las mismas capacidades que tiene el territorio peninsular a la hora de poder contratar, ejecutar o encontrar mano de obra o suministros suficientes para desarrollar la obra”.

Reclamo unido

Por ello, ahora la estrategia del Gobierno de Canarias pasa por justificar la baja ejecución en la condición insular de Canarias. Las patronales de la industria y de la energía se han sumado a la solicitud de la ampliación de plazos ante el riesgo de la pérdida de proyectos. El presidente de la CREM y de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, ha señalado que actualmente hay un déficit para conseguir materiales y falta de personal, por lo que ante “unos plazos que no son los correctos vamos a tener una pérdida estimada del 70% de los proyectos”.

En la misma sintonía, para Patricia Jiménez, presidenta de Femepa, la pérdida de los 400 millones, de los que la gran mayoría están destinados a proyectos energéticos, supondría una “paralización de la actividad económica del sector de las energías renovables” y, “consecuentemente la pérdida de empleo”. Desde su punto de vista, esa caducidad también supondrá la pérdida de inversiones en las islas.

Un año más

El presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Jesús Mantilla, también ha argumentado que, dado que la penetración de renovables en Canarias es del 20%, “si en algún lugar tiene sentido esta ampliación de plazos es aquí”. “Está todo preparado para ejecutar estas obras, solo necesitamos un plazo de en torno a un año”, ha reclamado Mantilla.