La gestión de las multas ambientales que impone la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (Acpmn) presenta “múltiples deficiencias” en lo que respecta a la recaudación de sanciones. La fiscalización de la entidad pública ha detectado fallos procedimentales y contables que han provocado anulaciones y cancelaciones improcedentes, lo que podría haber beneficiado a algunos sancionados. Sin embargo, resulta imposible determinarlo con precisión, ya que tanto la agencia como el Comisionado de Transparencia rechazan que se hagan públicos los nombres y la localización de los expedientes que caducan por la protección de datos.
Actualmente, la ACPMN tiene más de 14,8 millones de euros en multas pendientes de cobro, según el informe de la Audiencia de Cuentas sobre las cuentas de 2024. Más de la mitad de esta cuantía corresponde a sanciones anteriores a 2018, lo que evidencia que la ineficacia en la gestión de cobros persiste pese al paso del tiempo. En total, la agencia acumula más de 17 millones de euros pendientes de recaudación a finales de 2024.
Alertas de la Intervención General
La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (IGCAC) ya había advertido en un informe previo que la gestión recaudatoria de la agencia presentaba “múltiples deficiencias en el procedimiento recaudatorio, la existencia de pagos indebidos, así como elementos indiciarios de que se está ocasionando perjuicio al erario público". Asimismo, se señalaba la falta de seguimiento en el proceso de cobro de las liquidaciones, lo que ha dado lugar a la prescripción de varias sanciones.
En este contexto, la ineficacia de la agencia podría estar beneficiando a los infractores. Con el fin de conocer quiénes se habían visto favorecidos por la caducidad de los expedientes, un particular solicitó a la ACPMN los nombres y la geolocalización de 130 expedientes de sanción que habían sido archivados. Estos expedientes reflejaban la existencia de infracciones certificadas, pero aparentemente no se ejecutaron las sanciones correspondientes.
Transparencia y protección de datos
La agencia denegó la solicitud de acceso a estos datos, decisión que fue posteriormente ratificada por el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. El Comisionado explicó que, aunque la información obre en poder de un organismo público y tenga la consideración de “información pública”, el acceso está limitado por la normativa de protección de datos y por las reglas específicas que regulan los procedimientos sancionadores.
En su resolución, el Comisionado subraya que los datos solicitados permitirían identificar a las personas afectadas —ya fueran presuntos infractores o denunciantes— y que el acceso a información de expedientes sancionadores solo puede autorizarse en supuestos muy concretos: amonestación pública, habilitación legal expresa o consentimiento de los interesados. Ninguno de estos supuestos concurre en el caso de los 130 expedientes, y tampoco consta que los afectados hayan dado su consentimiento para la divulgación de sus datos.
Control ciudadano y documentación anonimizada
Además, se señala que el reclamante no ha acreditado que conocer la identidad y localización exacta de los expedientes sea imprescindible para ejercer el control ciudadano, ya que es posible analizar actuaciones administrativas mediante documentación anonimizada. Con estos argumentos, el Comisionado concluyó que no procede levantar la protección de los datos personales, desestimando así la reclamación y manteniendo la negativa a facilitar la información solicitada.
Calendario de medidas correctivas
La intervención solicitó a la agencia un calendario de actuaciones para subsanar las salvedades detectadas, detallando una serie de medidas mínimas que dicho calendario debería incluir. En respuesta, la agencia remitió el 6 de octubre de 2025 un oficio en el que informó que las medidas propuestas podrán ser depuradas en un plazo de dos meses. Como primera actuación, el 5 de noviembre de 2025 se envió un listado de devoluciones indebidamente tramitadas, indicando que los expedientes administrativos de reintegro se iniciarían antes de finalizar el mes.