La Consejería de Transición Ecológica ha defendido este miércoles que han gestionado todos los expedientes medioambientales de proyectos de energía eólica y fotovoltaica presentados. Así lo han hecho después de que una publicación en los periódicos El Día y La provincia asegurara que hay "decenas" de proyectos que se han quedado sin respuesta y que han perdido los accesos de conexión a la red, aunque no se dan cifras exactas. El área, sin embargo, asegura a través de un comunicado que han concedido Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a 70 proyectos y que solo dos no se han podido tramitar por estar fuera de tiempo.
La polémica se da porque este miércoles ha expirado el plazo límite para que los proyectos de renovables que contaban con permisos de acceso para instalaciones de generación de energía eléctrica consigueran la necesaria DIA. Un plazo que el propio Ministerio para la Transición Ecológica amplió para la gestión de todos los expedientes presentados y que ha servido para la gestión de todos los expedientes, según el Ejecutivo canario.
Respuesta a todas las propuestas
Los datos de la consejería aseguran que se "ha logrado el objetivo de tramitar la DIA favorable de todas las iniciativas que presentaban la documentación de manera correcta y en la fecha límite establecida para ello", establecido por hito administrativo 2 del Real Decreto Ley 23/2020. Esto suponen 70 instalaciones de renovables que suman 318,33 megavatios (MW).
Asimismo, informa la consejería que 10 de los proyectos presentados han obtenido una DIA desfavorable, lo que suma un total de 62,18 MW. A su vez asegura que "otros 24 se han desestimado por parte de la Dirección General de Energía por deficiencia en el proyecto, por contravenir los principios del interés general o porque el propio promotor ha desistido".
Renunciar antes de perder
Sobre esta última cuestión de desestimiento el presidente de la Asociación Eólica de Canarias, Rafael Martell, ha comentado a Atlántico Hoy que se da porque los empresarios renunciaron a seguir con la tramitación al considerar que era difícil de cumplir con la fecha límite. De esta manera, asegura que los empresarios evitan un mayor gasto, ya que comenta que a aquellos que no desistieron "les van a ejecutar avales probablemente", por lo que "además de perder el proyecto tendrán un gasto económico añadido.
Pero la consejería solo contabiliza "dos casos excepcionales" que no se han tramitado "por haber entrado después del 30 de diciembre". En este sentido la consejería mercar que el plazo establecido por ley es de cuatro meses para resolver el expediente "por lo que no computaba a efectos de este hito y posibles responsabilidades al no haber entrado la solicitud con el tiempo suficiente".
Antes del comunicado de Transición Ecológica, Martell además señalaba que los accesos a la red que tenían los proyectos que no han sido aprobados o que no se han gestionado no están disponibles en la publicación mensual de Red Eléctrica sobre el estado de los puntos de conexión.