Uber Eats ha anunciado que dejará de operar con repartidores autónomos en España y que todos ellos podrán continuar su actividad como asalariados a través de empresas subcontratadas, un cambio de modelo que tiene un impacto directo en Canarias, donde el sector del reparto a domicilio agrupa a casi 2.000 riders, según estimaciones sindicales. La decisión llega tras meses de presión del Ministerio de Trabajo y cuando expiraba el plazo dado por el departamento que dirige Yolanda Díaz para corregir su operativa y evitar una denuncia penal por vulneración de derechos laborales.

En el Archipiélago, la situación de los repartidores de Uber Eats ha sido objeto de denuncias reiteradas por parte de los sindicatos. UGT y CCOO Canarias han alertado en los últimos años de un modelo que obligaba a los riders a trabajar “todo el día” para obtener ingresos mínimos, sin descansos garantizados y asumiendo costes propios de un autónomo pese a desempeñar una actividad claramente dependiente. “Para sacar un salario interesante deben trabajar todo el día, es una situación muy precaria”, denunció hace meses Héctor Fajardo, secretario de organización de UGT Canarias.

Falsos autónomos

Los datos que manejan las organizaciones sindicales sitúan en unos 1.000 riders en la provincia de Las Palmas y alrededor de 800 en Santa Cruz de Tenerife el volumen de trabajadores del sector, sumando distintas plataformas. En el caso concreto de Uber Eats, no existen cifras oficiales desagregadas por comunidades, pero fuentes del sector estiman que la empresa contaba con unos 5.000 repartidores autónomos en toda España, muchos de ellos concentrados en territorios turísticos como Canarias.

El anuncio de Uber Eats supone el abandono definitivo del modelo de falsos autónomos, el último que seguía vigente entre las grandes plataformas de reparto. Glovo dio el paso el pasado verano y Just Eat cumple con la ley rider desde su aprobación. Cinco años después, el modelo asalariado se impone en todo el sector, aunque con matices relevantes: a diferencia de Glovo, Uber Eats no contratará directamente a los repartidores, sino que mantendrá un esquema de flotas y subcontratas, similar al que utiliza en otros ámbitos como los VTC.

Posible multa

Desde el Ministerio de Trabajo confirman que, si la empresa cumple efectivamente con sus obligaciones, no activarán la denuncia penal que estaba sobre la mesa. La amenaza se basaba en el artículo 311 del Código Penal, que castiga la imposición de condiciones laborales abusivas aprovechando la situación de necesidad de los trabajadores. La Inspección de Trabajo, no obstante, mantiene abierta su investigación y la sanción administrativa sigue su curso. De hecho, Uber Eats ya ha avalado 130 millones de euros ante una posible multa.

En Canarias, los sindicatos ven el anuncio como un paso en la buena dirección, aunque advierten de que el foco estará ahora en cómo se materializa el cambio. “Lo primero es regularizar a los trabajadores y aplicarles el convenio correspondiente”, subrayan desde UGT, que recuerdan precedentes en las Islas donde empresas subcontratadas dejaron de operar, afectando a más de un centenar de empleados, con jornadas superiores a las pactadas y sin respeto a las tablas salariales del sector del transporte.

Horas en la calle

La precariedad del colectivo ha sido especialmente visible en el Archipiélago. Más del 90% de los riders son de origen latinoamericano, según los sindicatos, y muchos compaginan el reparto con otros empleos o dependen de las propinas para alcanzar ingresos mínimos. “No hacen una jornada continua y pasan horas esperando pedidos en la calle”, describen desde CCOO Canarias, una imagen habitual en zonas comerciales y turísticas de las Islas.

Uber Eats asegura que el cambio se hará “lo antes posible” y que los repartidores autónomos podrán seguir trabajando como empleados por cuenta ajena a través de las flotas colaboradoras. La compañía también manifiesta su intención de poner fin a los litigios pendientes y dialogar con sindicatos y administraciones para garantizar un proceso “justo”. Para miles de riders en Canarias, el anuncio abre la puerta a una relación laboral más estable, con salarios regulados, cotización completa y derechos reconocidos, tras años marcados por la incertidumbre y la precariedad.