El problema de la vivienda no es exclusivo del Archipiélago, pero afecta de manera importante a las Islas con los precios disparados y los alquiler cada vez menos asumibles. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno autonómico —con Pablo Rodríguez al frente— proyecta para este año la implantación de la Hipoteca Joven Canaria con el objetivo de dar un impulso a las nuevas generaciones.
Víctor Jiménez, profesor del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), considera que es necesaria porque “sin ese apoyo es imposible que una pareja joven pueda acceder a una vivienda”. La propuesta, que está en fase de exposición pública, permitirá financiar las casas con un aval del Ejecutivo que pueda alcanzar hasta el 95%.
Mil viviendas por año
La clave estará en firmar un acuerdo con las entidades financieras que deseen adherirse al programa, el asunto se abordó durante el primer pleno del Parlamento de este 2025. Para el experto es útil porque, unida a la ayuda de la red familiar que en ocasiones pueden recibir los jóvenes, “es una buena medida”. Aunque, eso sí, no se trata del único movimiento por parte del Gobierno regional.
La Consejería de Obras Públicas proyectó en 2024 más de 1.000 nuevas casas y cuentan con otro millar de cara a este año. Jiménez detecta “un cambio de tendencia, un paso hacia adelante en la producción de vivienda pública”. Aunque admite que “por algo se empieza”, destaca que siendo un problema tan profundo, con esas cifras es probable “que no vayamos a solventarlo”.
Evitar su privatización
“Esta acción es necesaria, tiene que ser continuada en el tiempo, no solo cuando es un momento de crisis. También me parece que dentro de esa producción de vivienda es fundamental que nunca sea enajenada del parque público. Que no puedan ser pasadas de aquí a unos años o décadas al mercado privado porque sería una forma de seguir alimentando un problema”, reflexiona.
Bajo su punto de vista, todo debe ser una combinación de medidas estructurales y algunas que van a ser coyunturales. Para Jiménez, estas últimas pasan por las de emergencia, “poner a disposición parte del parque público a la vivienda residencial en alquiler”. Además, el profesor universitario considera que se deben incentivar y mover las casas que están vacías para darles un uso similar.
Apoyo a clases medias
Pero la cosa no queda ahí porque el Ejecutivo legisló en un nuevo decreto aprobado hace algunas semanas —enfocado en la agilización de trámites burocráticos— la conocida como vivienda asequible incentivada. Está destinada a las personas con rentas ni muy bajas ni demasiado altas, porque también son víctimas del mismo problema. A pesar de ser, incluso, familias con dos salarios.
Jiménez señala que lo valora bien porque hay una alta precarización de las clases medias por causa de la de la vivienda “y todo lo que sea establecer una especie de topes o límites o crear una figura así aporta una solución”. Resulta llamativo que a pesar de ser un instrumento recogido en la Ley Estatal de Vivienda, ninguna comunidad salvo el Archipiélago haya apostado por él.
Participación del sector privado
“Está claro que puede servir de ejemplo, igual que ha servido de ejemplo otras legislaciones para nosotros aquí en Canarias. Hay una propuesta legislativa en los últimos años importante por parte del Estado que muchas comunidades autónomas, hay que decirlo claramente, la están infrautilizando”, detalla el experto.
Sobre llamar la atención de promotores privados para levantar vivienda pública, apunta que es necesario porque “si no participan en la solución, lo harán en el problema”. “Con las propuestas de Cataluña que hubo para limitar los alquileres se encontró la solución por parte de los agentes inmobiliarios para ofrecer casas de alquiler, pero de baja temporalidad”, sentencia.
Rehabilitar casas existentes
Pone sobre la mesa que siempre ha defendido la idea también de que el Gobierno canario podría ir directamente al mercado, comprar viviendas que ya estén construidas y rehabilitarlas. Retomando el asunto de agilizar las licencias urbanísticas con el nuevo decreto, lo inquieta porque “la planificación territorial y urbanística no se hace de un día para otro”.
Está de acuerdo con que se debe hacer, pero ve importante poner el foco en que no será “algo mágico”. “Cada uno de los pasos son necesarios, son garantías de que estamos haciendo las cosas bien y proteger”, dice. “Hay que ser más cautos por lo que me dice la experiencia”, apostilla.
Datos para intervenir mejor
Otra de las propuestas del Gobierno es crear el Observatorio Canario de la Vivienda, para lo que han puesto 200.000 euros sobre la mesa. “Que haya datos y sean fiables es fundamental. Así como que tengan una trazabilidad en el tiempo y entra dentro de esas medidas estructurales. Hay que ir poco a poco pulsando el mercado o sus consecuencias es fundamental”, asevera.
“El sector privado y la propia sociedad se van a beneficiar de ello. Me parece una medida que es excelente en el sentido de que para poder intervenir, regular y gestionar una materia, lo primero que tienes que hacer es conocer lo que existe. No puedes ir a ciegas o fiarte simplemente de los datos de algunos actores que podrían ser interesados”, concluye.