El Ministerio de Vivienda ha instado formalmente al Gobierno autonómico a inspeccionar y cerrar más de 14.200 viviendas turísticas ilegales detectadas en el archipiélago durante el último año, una cifra que sitúa a las islas entre los territorios con mayor incidencia de este fenómeno en España.
La petición se recoge en una carta remitida por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en la que sostiene que estos inmuebles podrían contribuir a ampliar la oferta residencial en lugar de seguir reduciendo el parque de viviendas disponible para los residentes.
Cruce de reproches
La comunicación llega después de que el Tribunal Supremo acordara el pasado 21 de mayo la nulidad del procedimiento estatal de registro único para los arrendamientos de corta duración anunciados en plataformas digitales. El alto tribunal entendió que el Estado había invadido competencias autonómicas al imponer esa regulación.
Lejos de considerar el fallo como un revés, el Ministerio de Vivienda interpreta que la sentencia refuerza la responsabilidad de las comunidades autónomas en la vigilancia y control de este tipo de alojamientos. Por ello, la ministra reprocha al Ejecutivo canario que la gestión realizada hasta ahora en esta materia ha sido "insuficiente, cuando no inexistente".
En la carta, Rodríguez vincula directamente la proliferación de viviendas turísticas irregulares con las dificultades de acceso a la vivienda que afronta la población canaria. Además, recuerda que el propio Gobierno autonómico ha reclamado en Europa medidas para limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes cuando no vayan a destinarlas a residencia habitual.
Según el Ministerio, combatir las viviendas turísticas ilegales es una medida complementaria para aliviar la presión sobre el mercado residencial y aumentar la disponibilidad de inmuebles para alquiler o compra por parte de los residentes.
Canarias, entre las más afectadas
Las 14.200 viviendas turísticas ilegales detectadas en Canarias convierten al archipiélago en una de las comunidades autónomas con mayor número de inmuebles presuntamente irregulares. Solo Andalucía, con 27.000; Madrid, con 25.000; y la Comunidad Valenciana, con 15.000, presentan cifras superiores.
El Ministerio ha remitido cartas similares al resto de comunidades autónomas para exigir actuaciones de inspección, sanción y clausura de estos alojamientos tras la decisión del Supremo. Además, ha advertido de que permanecerá "muy vigilante" para comprobar que las administraciones competentes adoptan las medidas necesarias contra el fraude vinculado a las viviendas turísticas ilegales.