El incremento de la actividad operativa y la creciente presencia de buques de gran porte en el Puerto de Las Palmas ha llevado a la Autoridad Portuaria a iniciar un procedimiento extraordinario para modificar las reglas del servicio de amarre y desamarre de barcos.
La medida, que está en trámite de audiencia, busca adaptar los medios a la nueva realidad del tráfico marítimo en los puertos de Las Palmas, pero el borrador ha generado un fuerte debate entre los usuarios del recinto, principalmente en las empresas consignatarias, que pagan este servicio en nombre de los armadores y navieras.
Más allá del aumento generalizado de costes para las operativas, el análisis detallado de los nuevos baremos revela que la tarifa base del servicio experimentará un incremento homogéneo superior al 51% en prácticamente todos los tramos de tonelaje, según los cálculos realizados por una empresa del sector en tres tipos de barcos diferentes.
Radiografía del impacto
Para entender el alcance real de la medida sobre la economía del puerto, el impacto varía significativamente en función del arqueo bruto (GT) de la nave, con subidas constantes en la tarifa ordinaria tanto para los buques pequeños como los grandes mercantes que atracan en las dársenas capitalinas.
Un barco pequeño, de 612 GT, tipo carguero de cabotaje o embarcación auxiliar, paga 49,85 euros por cada servicio de amarre o desamarre, mientras que con los nuevos baremos pasaría a 75,40 euros. Esto supone un encarecimiento de 25,55 euros por operación, lo que se traduce en una subida del 51,25%.
Lo mismo viene a suceder con los buques de 6.000 GT, que suelen ser mercantes medianos de carga general. En este tramo, el servicio pasa de 160,87 euros a 243,34, con un incremento de 82,47 euros que representa un alza del 51,27%.
En el caso de barcos aún más grandes, de 12.000 GT, la tarifa por maniobra se eleva de 275,23 euros a 416,12 euros. La diferencia es de 140,89 euros por operación, con una subida del 51,19%.
La escala convencional de un mercante requiere al menos dos maniobras en el puerto, una de entrada y otra de salida, por lo que es necesario multiplicar por dos los incrementos planteados en esos tres ejemplos para hacerse una idea de los precios finales y su repercusión en las escalas.
A estas cifras base habrá que sumar, en los casos que proceda, el recargo por servicios o maniobras especiales —fijado en 431,10 euros adicionales por hora— cuando las operaciones superen los 80 minutos de duración, impliquen mover plataformas o requieran más de 16 cabos de fijación.
Un 60% más de plantilla
Además de la estructura de tarifas aplicables, la propuesta de actualización plantea aumentar la plantilla de amarradores para garantizar la seguridad en las operaciones. La compañía que presta este servicio en régimen de licencia es Sepcan.
Como contrapartida al ajuste tarifario, la Autoridad Portuaria justifica la medida por la necesidad de responder a las exigencias de los nuevos tráficos, con buques de mayor tonelaje y escalas simultáneas.
Por eso, en el capítulo de recursos humanos, se prevé una notable ampliación de los requisitos mínimos: si la normativa vigente de 2021 fija en diez el número de amarradores por turno con presencia en el muelle, el nuevo borrador eleva esa cifra a dieciséis profesionales (un 60% más).
De este total, la operativa diaria obligará a mantener en presencia permanente a doce trabajadores (dos patrones y diez amarradores), reforzados por un retén de disponibilidad localizada de cuatro personas preparadas para emergencias. Durante el turno nocturno (entre las 22:00 y las 06:00 horas), la presencia física se reducirá en dos amarradores, manteniéndose intactos los retenes.
Costes laborales
Asimismo, la flota de asistencia en tierra sumará un nuevo vehículo todoterreno (pasando de tres a cuatro unidades).
Para fundamentar todo el expediente, la Autoridad Portuaria ha recalculado la estructura económica del servicio, concluyendo que los costes laborales representan el factor determinante de la tarifa: el peso de los salarios dentro del coste total del amarre pasa a fijarse en el 81,38%, frente a impactos muy residuales del combustible (1,06%), el mantenimiento naval (1,39%) o los seguros (0,88%).
Cautela entre las patronales
La tramitación del cambio sustancial en los pliegos ha pillado desprevenida a la comunidad portuaria, no solo por el calado de la modificación, sino por las fechas elegidas para comunicar las nuevas condiciones, en pleno periodo estival.
Las organizaciones empresariales estudian el impacto que tendrá en las navieras y los armadores, los cuales pagan el servicio a través de las consignatarias locales. Todo indica que la actualización no será pacífica porque habrá alegaciones.
Se trata de un asunto complejo y muy técnico que, tras el trámite local, deberá ser ratificado por Puertos del Estado y aprobado definitivamente por el Consejo de Administración de la APLP.
Los colectivos y empresas consultadas destacan el gran trabajo que realizan los amarradores en los puertos. Por eso no dudan de la necesidad de actualizar tarifas y aumentar la plantilla, pero consideran excesivos los aumentos previstos.
También echan en falta una memoria económica que justifique los cambios, y recuerdan que el aumento de los tráficos está relacionado con los conflictos de Oriente Medio y sus efectos sobre el Canal de Suez.
Además, en líneas generales, los baremos propuestos apuntan al encarecimiento de las escalas en los barcos de tonelaje medio, que son los más habituales en el Puerto de Las Palmas.
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