Héctor de Armas llegó este miércoles a la Audiencia Provincial de Las Palmas con un mensaje claro y repetido: los 83.000 euros no fueron para él. El exadministrador único de Seguridad Integral Canaria (SIC) negó haberse apropiado de ese dinero procedente de los fondos custodiados por la empresa y sostuvo que las retiradas respondieron a una urgencia: pagar a empleados que llevaban meses sin cobrar.
El acusado, para quien la Fiscalía solicita tres años de prisión, reconoció su firma en dos de los albaranes que reflejan las extracciones de efectivo realizadas entre enero y junio de 2018. Sin embargo, negó saber que ese dinero saliera directamente de las cámaras donde se concentraban los fondos de los clientes. Según explicó, actuó siguiendo el mismo sistema que empleaba el departamento financiero cuando solicitaba liquidez a las entidades bancarias.
Fiscal y defensa
La vista solo contó con la declaración del propio De Armas, sometido a las preguntas de la fiscal Cristina Coterón y de su defensa. Su abogada cerró la sesión solicitando la absolución al considerar que los hechos se produjeron en un contexto de intento de salvación de la empresa, no de expolio. Frente a esa tesis, tanto el Ministerio Fiscal como el resto de acusaciones sostienen que la actuación encaja en un delito de apropiación indebida o, de forma alternativa, en administración desleal.
“El dinero era para los trabajadores”, reiteró De Armas ante el tribunal. Según su versión, los fondos se destinaron a atender los pagos más urgentes de empleados que, en algunos casos, acumulaban hasta ocho meses sin cobrar. Esas cantidades, explicó, debían regularizarse posteriormente a través de retenciones en nómina, un ajuste que finalmente nunca se llegó a ejecutar.
Dos albaranes, no seis
El exadministrador negó también haber actuado con ánimo de ocultación, subrayando que firmó dos de los documentos que respaldaban las retiradas, pero no los seis que figuran en la causa como prueba de cargo. Además, aseguró que nunca tuvo intención de perjudicar a las entidades bancarias, a las que atribuyó un papel relevante en el sostenimiento de la empresa durante la fase concursal.
Durante su declaración, De Armas se mostró sorprendido por el testimonio de varios testigos que aseguraron haberle visto firmar todos los albaranes y que afirmaron haberle advertido para que dejara de retirar dinero y procediera a su devolución. “Mienten”, llegó a afirmar ante el tribunal.
Auditoría externa
El administrador concursal de SIC explicó que la denuncia fue presentada tras las alertas lanzadas por una jefa de la cámara de seguridad y el responsable de operaciones. Ambos detectaron irregularidades y pidieron acudir a la vía judicial. Según expuso, no es posible determinar con exactitud a qué entidad pertenecían los 83.000 euros, ya que en la cámara se almacenaban de forma conjunta los fondos de todos los clientes, salvo los del Banco de España, que se custodiaban aparte. Esta circunstancia fue corroborada por varios testigos, entre ellos la propia jefa de cámara.
Tras asumir el servicio, la empresa Loomis detectó un descuadre de 720.000 euros en una auditoría, dentro del cual se incluyen los 83.000 euros objeto de este procedimiento. Las entidades financieras asumieron esas pérdidas para poder contratar con urgencia nuevos servicios de custodia, ya que, según se expuso en la sala, “nadie confiaba en Seguridad Integral” en ese momento.
Multa y devolución
La Fiscalía solicita para Héctor de Armas una multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros, lo que eleva la sanción a 3.000 euros, además de la devolución de los 83.000 euros a Caixabank —que absorbió a Bankia— y al BBVA, consideradas entidades perjudicadas. En caso de impago, el Ministerio Público plantea que responda de forma subsidiaria la propia SIC. A su vez, Caixabank y BBVA reclaman que, si la empresa no afronta la deuda, lo hagan sus aseguradoras, Mapfre y Caser.
La defensa planteó además varias cuestiones procesales, entre ellas la coincidencia de SIC como acusación y como defensa, lo que llevó a solicitar la nulidad del procedimiento. También alegó que la declaración de De Armas como investigado se produjo fuera de plazo y que los testigos comparecieron por primera vez en esta fase, lo que, a su juicio, genera indefensión.
El tribunal dejó el caso visto para sentencia.