El pasado enero, el Gobierno de Canarias sometió a consulta pública el decreto que obligará a los promotores de energía renovable a ofertar un 20% de la participación de sus proyectos para inversores locales. Entonces aseguraban que el sector avalaba la medida pero nada más lejos de la realidad. Disa, la empresa canaria con mayor facturación, ya ha advertido al Ejecutivo regional que si no da marcha atrás en esta obligación abandonará todos sus proyectos de renovables.
La advertencia de Disa se ha hecho a través de las alegaciones al decreto a las que ha tenido acceso Atlántico Hoy. Este decreto surge en realidad de otro: el que modificó la ley canaria de cambio climático. El artículo 64 del texto obliga a que los promotores de eólica y fotovoltaica tengan que ofertar el 20% de la participación de sus proyectos a inversores locales.
La oferta
Esa oferta se hará siempre que el proyecto de generación renovable esté ubicado en el suelo y tenga una potencia superior a dos megavatios. Además, los promotores deben acreditar que sí han presentado la oferta para que inversores locales accedan a invertir en el proyecto.
Para Disa esta obligación vulnera la libertad de empresa al imponer “obligaciones desproporcionadas, contrarias al principio de seguridad jurídica y contraviniendo el principio de legalidad”. Desde la empresa rechazan manifiestamente la obligación de que parte de sus proyectos sean participados por personas ajenas. Por ello piden cambiar esta obligación recogida en el decreto ya publicado.
Argumentan que “la integración obligatoria de terceros ajenos a la organización empresarial supone un ataque al derecho del promotor de decidir cómo ha de establecer su propia organización empresarial ya que en ningún caso tiene capacidad para elegir o negarse a integrar a dichos terceros en su accionariado o sujetarse a su financiación o cualquier otra forma que pueda acordar”.
Abandonar las renovables
Por esta razón lanzan una seria advertencia: “La implantación de esta obligatoriedad provocaría la automática medida de abandonar todos y cada uno de los estos proyectos, presentar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial correspondiente y, en definitiva, abandonar la actividad renovable en Canarias”.
Desde la consejería no han querido valorar si la advertencia de la energética de abandonar todos los proyectos que tienen en marcha es factible o no, aunque desde la empresa aseguran que “no se trata de un capricho”. Desde su punto de vista al ser ya canaria y estar presente en las ocho islas ya se cumple en todos sus proyectos la obligación de la participación local.
Por el respaldo ciudadano
La intención de la Consejería de Transición Ecológica con este porcentaje de participación local es aumentar la aceptación social de los proyectos renovables. Desde la consejería trasladan a este medio que no imponen la participación sino “que se tiene que ofertar, como mínimo un 20% del accionariado en dos modalidades: crowdfunding o accionariado”. Aseguran que la intención es dar a conocer el proyecto y hacer un esfuerzo por transmitirlo “consiguiendo una mejor interlocución con la ciudadanía”.
Sin embargo, lo que establece el decreto literalmente en el artículo 64.2 es que “se considerarán proyectos de generación renovable con participación local aquellos en los que el promotor acredite que se ha ofrecido fehacientemente la posibilidad de participar, en al menos el 20 % de la propiedad del proyecto” y en el 64.4 que esta oferta “será obligatoria”.
La consejería asegura que el documento del decreto que se está elaborando ha sido "participado, transparente y pionero". "Ya lo hemos visto con cabildos, ayuntamientos y agentes del sector. Todo ello porque queremos que esta medida, dentro de las acciones de la ley de cambio climático, cuente con las aportaciones de todos los agentes implicados", defienden desde Transición Ecológica.
Revelado de secretos
Pese a ello, el sector de las renovables ya se ha mostrado en contra de la medida. Disa también critica que, tal y como está redactado el proyecto del decreto al respecto del procedimiento de información, “los promotores se verían obligados a revelar públicamente toda una serie de detalles que son susceptibles de protección al amparo de la ley de secretos empresariales”. Consideran desde la empresa que esa información pública es susceptible de ser secreto profesional.
De hecho, este decreto obligaría a dar información sobre la rentabilidad de los proyectos. Para Disa estas revelaciones perjudicarían los intereses de los promotores. Asimismo señalan que no se alude al tratamiento que se hará de los datos por parte de las personas que puedan acceder a estos documentos. Ante estas dudas piden recabar el respecto de la Agencia Española de Protección de Datos.
El hecho de que los promotores de las renovables tienen que garantizar la rentabilidad del proyecto es otra de sus críticas porque “el sector se encuentra en una situación de incertidumbre con precios de la electricidad que cambian drásticamente mes a mes”. Por ello se preguntan qué pasaría si alguno de los participantes reclamara una indemnización por la falta de rentabilidad.
Frenado de proyectos
Asimismo, consideran desde la empresa que “la forma de articular la participación local” del decreto supone la ralentización de los expedientes de proyectos renovables. Este punto es relevante ya que una de las grandes banderas del Gobierno canario ha sido el impulso y la agilización de los proyectos renovables con la disminución de las trabas burocráticas.
“El periodo de los trámites de oferta pública supone un escollo más que superar para este tipo de proyectos y un aumento en los ya complicados plazos existentes para la obtención de autorizaciones”, denuncia la empresa. “La aplicación de esta medida solo contribuirá a dificultar el desarrollo de los proyectos renovables y a su paralización administrativa”, defiende Disa.