Los empresarios de las renovables, sobre todo pequeños y medianos, así como los inversores relacionados con esta industria se muestran preocupados por el decreto que obliga a un 20% de participación ciudadana en la financiación de las empresas radicadas en las islas, y que ha terminado su plazo de consultas.
Así se desprende de las conversaciones surgidas en el marco del III Foro Sectorial de Energías Renovables de Canarias celebrado este jueves 20 en Tenerife. Entre otras voces particulares la de Amparo Agrait, directora de relaciones institucionales de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), asociación sectorial mayoritaria de la energía solar en España, que explicó cuáles habían las alegaciones “para defender a sus asociados”, que suman unos 800.
Miedo a que no se ejecuten las obras
Si bien hace un año la asociación defendía eliminar la obligatoriedad de la participación ciudadana, en esta ocasión se mostraron más dialogantes y pusieron sobre la mesa su temor porque ciertos detalles de la Ley puedan ralentizar o impedir la ejecución de las obras.
Agrait contó que dentro de ese 20% de esa participación ciudadana, "a nivel de personas físicas, se exige que haya una participación de un 10% de personas empadronados desde dos años antes en la misma localidad en la que se desarrolla el proyecto". Según la dierectora en muchos casos podría no conseguirse y "nos da miedo que la autorización no llegue a pasar o se ralentice".
Además, en UNEF no encuentran justa la composición de la comisión descrita en la Ley, integrada por dos miembros de la Direccion de Energía del Gobierno, un representante municipal “y un solo representante del sector de las renovables”. Para Agrait, este reparto debería ser "más paritaria".
Todo el mundo cabe
El director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, quiso tranquilizar a ponentes y asistentes al Foro, asegurando que "todo el mundo cabe" en la transición energética, aunque dijo desconocer cuál es la mejor fórmula: “No tenemos la varita, si no lo estaríamos aplicando”
Recordó que se trata de "una oportunidad para impulsar esta economia a coste bajo, como país y como region", y explicó que esta decisión no es fruto de una ocurrencia y que se han basado en los éxitos de otras regiones, "auqnue nosotros hemos ido un paso más allá, regulando de qué forma se va a aplicar esta participación ciudadana”.
Excesiva burocracia
Otra preocupación de los emprendedores del sector es lo que consideran una excesiva burocracia para conseguir ayudas, licitaciones o permisos para ejecutar proyectos. A lo que Hernández ha dicho que entre sus prioridades está "eliminar las trabas burocráticas para aprovechar todo el potencial de las Islas".
Para ello, han impulsado, dijo, "las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), una iniciativa pionera que permite identificar y preautorizar áreas optimas para las intalaciones de renovables y así reducir los tiempos de tramitación y aportar seguridad jurídica a los promotores".
También presumió de "otro de los hitos de este Gobierno", que es "el impulso a la eólica marina, con Canarias a la cabeza del desarrollo de esta energía en españa". Anunció que el primer parque de este tipo estará en funcionamiento "en esta década".