El sector portuario alerta de la "preocupante situación" en la que se encuentra el Puerto de Las Palmas por la carencia de medios materiales para la prestación del servicio de recogida de residuos MARPOL I a los buques fondeados en la bahía capitalina.
A pesar del sustancial incremento en los volúmenes de tráfico marítimo registrado desde enero de 2024 por la reordenación de las rutas globales derivada de la crisis del Mar Rojo y el Canal de Suez, el servicio se sostiene en la actualidad sobre una sola embarcación operativa, la Sapcan VI, que es arrendada a un tercero por los dos titulares de las licencias autorizadas para gestionar los desechos.
Otros servicios esenciales, como el amarre y desamarre de los buques, sí están siendo revisados por la Autoridad Portualida de Las Palmas, con la finalidad de adaptarlo a los nuevos tráficos marítimos.
Seguridad y negocio del puerto
La recogida de residuos MARPOL I —que abarca la recepción obligatoria de desechos de hidrocarburos, aguas oleosas y lodos de sentinas generados por los barcos durante su navegación— constituye uno de los pilares operativos y legales más sensibles en la gestión de los recintos portuarios.
El artículo 7 del Real Decreto 128/2022 y el Convenio Internacional MARPOL obligan a todo buque que haga escala en un puerto español a descargar sus residuos antes de abandonar el recinto, con el fin de evitar vertidos e impactos de contaminación en el litoral.
La agilidad de este servicio, por tanto, es determinante para la competitividad de Las Palmas, pues gran parte de su actividad se basa en el suministro de combustible (bunkering) y avituallamiento a buques en tránsito. Si la retirada de residuos se demora o colapsa por falta de barcazas, los armadores sufren costosos retrasos y corren el riesgo de desviar sus escalas hacia otros puertos competidores del Atlántico.
Una barcaza compartida
A pesar de la trascendencia del servicio, la realidad operativa del puerto muestra una fuerte precariedad de medios. En la actualidad, las dos únicas empresas con licencia para recoger los desechos de los barcos comparten el arrendamiento de la misma embarcación, según recogen las quejas de diferentes empresas del sector que han sido transmitidas por Asocelpa a la Autoridad Portuaria.
Esta dependencia de una sola barcaza contraviene el Pliego de Prescripciones Particulares del servicio, que exige disponer de embarcaciones autopropulsadas con capacidad igual o superior a 25 m³ y perjudica directamente el principio de efectividad en la prestación.
Asimismo, la normativa obliga a contar con equipos de sustitución previa en caso de mantenimiento programado y fija un margen máximo de 15 días para reponer el medio si ocurre una avería imprevista. En estos momentos, no existe medio de repuesto alguno que pueda sustituir a la única embarcación activa si esta quedase fuera de servicio.
Meses sin respuesta
Ante la imposibilidad técnica de atender toda la demanda con los indicadores de calidad exigidos, las empresas del sector recuerdan la validez del artículo 109 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM). Dicho precepto faculta a la Autoridad Portuaria a adoptar las medidas precisas para garantizar la cobertura del servicio, contemplando de forma excepcional la asunción directa o indirecta de la prestación cuando la iniciativa privada sea insuficiente, siempre tras un informe favorable de Puertos del Estado.
Las primeras comunicaciones oficiales advirtiendo formalmente de esta carencia son del pasado mes de abril. Transcurridos más de tres meses sin que la situación haya sido subsanada ni se haya obtenido respuesta formal, los operadores han vuelto a requerir un pronunciamiento urgente para evitar que el cuello de botella en los residuos acabe pasando factura a la posición estratégica del Puerto de Las Palmas.
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