La Federación Provincial de la PYME del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) ha advertido este martes que la gestión del amianto, un residuo considerado peligroso, podría quedar bloqueada en Canarias a partir de marzo con importantes consecuencias para la economía y la salud pública.
Según el comunicado de FEMEPA, Andalucía, comunidad a la que se transportaba la mayor parte del amianto retirado en Canarias para su tratamiento, ha prohibido por ley que sus vertederos reciban restos de este material procedentes de otras regiones. Las últimas autorizaciones vigentes expiran en marzo de este año, lo que podría dejar a Canarias sin vías legales para la eliminación segura de este residuo.
Afección
Los empresarios del sector del metal advierten que, ante la falta de infraestructuras de tratamiento en el archipiélago, la situación podría afectar a todo tipo de proyectos. Estos van desde la retirada de viejas tuberías de fibrocemento, hasta obras en centros sanitarios, educativos y edificios públicos, así como la sustitución de cubiertas de uralita que podrían alojar placas solares.
"La retirada segura del amianto es una obligación legal y sanitaria. Si se cierran las vías de eliminación sin ofrecer alternativas específicas para territorios como Canarias, se pone en riesgo el cumplimiento de la normativa, la seguridad de las personas y la continuidad de proyectos estratégicos", señaló FEMEPA en su comunicado.
Otras comunidades
La patronal también alerta de que otras comunidades autónomas están preparando normativas similares a la de Andalucía, lo que podría agravar aún más el problema. Por ello, instan al Gobierno de Canarias, a los cabildos y a entidades públicas y privadas vinculadas a la gestión de infraestructuras a “activar una respuesta coordinada y urgente”.
Entre las medidas propuestas, FEMEPA solicita que el Ejecutivo canario lidere negociaciones inmediatas con otras comunidades, especialmente Andalucía, y defienda la "excepcionalidad" de Canarias en los órganos interterritoriales de residuos. Asimismo, pide impulsar soluciones estructurales y estables, ya sea mediante acuerdos externos específicos o mediante el desarrollo de capacidades propias, siempre bajo criterios de seguridad y sostenibilidad. "El tiempo es un factor crítico y no actuar ahora supondría una paralización progresiva de obras, infraestructuras esenciales y proyectos estratégicos para Canarias, con consecuencias económicas, sociales y sanitarias de gran alcance", concluye el comunicado.