El último fallo judicial en el complejo proceso de reestructuración de Naviera Armas refuerza la posición de los fondos de inversión que controlan el accionariado de la compañía —a través de Barings y Bahía de las Isletas— frente a un grupo de acreedores financieros liderados por Banco Santander, Sabadell, CaixaBank, Acciona y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado de forma categórica el incidente excepcional de nulidad planteado por los bancos, que intentaban revertir la homologación judicial del plan de reestructuración que otorgó el control de la compañía a los nuevos gestores.

Alegaciones infundadas

En un auto fechado el 20 de mayo, el tribunal presidido por Juan José Cobo Plana no solo considera infundadas las alegaciones, sino que acusa directamente a las entidades financieras de tergiversar el contenido de la sentencia firme anterior, utilizando afirmaciones que califica como “falsas” e “inauditas”. Esta contundencia no es habitual en resoluciones de este tipo y revela un claro respaldo a la legalidad del proceso de reestructuración.

Los bancos denunciaban una supuesta vulneración de derechos fundamentales, como el de la tutela judicial efectiva y la igualdad ante la ley, y cuestionaban aspectos como la entrega de un 6% del capital a la familia Armas y la supuesta falta de un informe de viabilidad válido. Sin embargo, el tribunal desmonta todos estos argumentos: acredita que el informe de viabilidad sí existía —fue debatido en juicio y tuvo valor procesal— y además subraya que la entrega del 6% estaba incorporada al plan y fue objeto de controversia jurídica, lo que descarta cualquier falta de congruencia en la sentencia.

Sin multa

También se desestima la queja de que el tribunal no planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Según el auto, no existía ninguna “duda razonable” sobre la interpretación de la norma europea, uno de los requisitos necesarios para activar ese mecanismo.

Además de avalar el fondo del fallo inicial, la Audiencia impone las costas del procedimiento a los solicitantes de la nulidad —los grandes bancos y el ICO—, aunque evita imponer una multa por considerar que, si bien las alegaciones eran infundadas, no fueron temerarias.

Reestructuración

Barings, uno de los principales fondos de inversión europeos, lidera la reestructuración de Naviera Armas tras asumir la mayoría de la deuda y capitalizar parte de ella en acciones. En paralelo, el grupo Bahía de las Isletas, formado por empresarios canarios, actúa como socio industrial y operador local, con la misión de estabilizar y modernizar la gestión de una compañía clave para la conectividad marítima de Canarias. Ambos actores se reparten la propiedad y el mando ejecutivo de la naviera tras un proceso concursal marcado por la tensión entre los antiguos propietarios, los acreedores y los nuevos inversores.

Con esta resolución, Barings y Bahía de las Isletas consolidan su control sobre la naviera canaria en un momento estratégico para el transporte marítimo interinsular. Mientras tanto, la banca queda relegada sin capacidad de maniobra judicial y con una imagen erosionada ante un tribunal que no solo ha defendido la validez del proceso, sino que ha cuestionado con dureza la estrategia procesal de las entidades financieras.