La empresa pública canaria Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) para cooperar en materia de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. El acuerdo, sin financiación, ha sido publicado en el Boletín Oficial de Canarias tras su formalización el pasado mes de enero.
El texto establece un marco general de colaboración institucional orientado a facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la gestión municipal. La cooperación se centrará en cuestiones vinculadas a la planificación territorial y urbanística, la gestión ambiental, la adaptación al cambio climático, la evaluación de riesgos naturales y el diseño de estrategias turísticas compatibles con la protección del entorno.
Un acuerdo marco sin compromisos económicos
La Asociación de Municipalities de Chile (AMUCH) es una entidad que agrupa a municipios chilenos y tiene entre sus fines la defensa de los intereses comunes de las entidades locales, el fortalecimiento de la gestión municipal y la capacitación técnica de personal y autoridades. El propio convenio recoge que la asociación está habilitada para suscribir acuerdos de colaboración con entidades públicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras.
Por su parte, Gesplan es una sociedad mercantil pública cuyo capital pertenece íntegramente al Gobierno de Canarias y que actúa como medio propio de la administración autonómica, de los cabildos insulares y de la mayoría de los ayuntamientos canarios, desarrollando trabajos técnicos relacionados con el territorio, el urbanismo y el medio ambiente.
Formación, estudios y proyectos futuros
El convenio no concreta actuaciones específicas ni proyectos cerrados, sino que habilita a ambas partes a colaborar en acciones formativas, seminarios, estudios técnicos y proyectos que se encuadren dentro de sus respectivas competencias. El desarrollo de cualquier actuación concreta deberá formalizarse posteriormente mediante anexos o convenios específicos, en los que se detallen las condiciones y obligaciones de cada parte.
El documento refleja que el acuerdo no implica financiación ni compromisos económicos para ninguna de las entidades firmantes. En el caso de que alguna actividad futura requiriera recursos económicos, estos deberían regularse de manera independiente mediante un acuerdo adicional.
Vigencia y marco jurídico
El convenio tiene una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de ocho, y se rige por la legislación chilena. Asimismo, fija como domicilio y jurisdicción competente la ciudad de Santiago de Chile para la resolución de posibles controversias derivadas de su aplicación.